Sobre el Posmodernismo y el Neoliberalismo, el engaño de la Diversidad [Parte 1/2]

Tras la caída definitiva de la URSS en 1989, el contrapeso que este bloque de naciones ejercía sobre el resto del mundo capitalista dejó de tener efecto. No de forma inmediata, sino que fue un declive paultino que culminó a finales de los años 90, momento en el cual el neoliberalismo logró imponerse y permear con firmeza la totalidad del planeta (exceptuando aquellos países minoritarios que aun conservaban un remanente del socialismo moderno). La era de la Globalización Neoliberal dió comienzo entonces.

Pero, ¿cómo pudo ocurrir esto de una forma tan acelerada?

El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 propició que en el mundo capitalista se iniciara un período de importante reconstrucción. El contrapeso de la URSS aun estaba vigente, y los gobiernos occidentales, ante las movilizaciones obreras, no tuvieron más remedio que ceder parte del poder empresarial en manos de los trabajadores, los cuales adquirieron multitud de derechos y libertades. Es destacable el gran desarrollo de los sistemas de protección social llamados comunmente como el “Estado del bienestar”. La socialdemocracia fue el engranaje político que lo hizo posible, y fue clave para mantener la paz social: los ricos podían seguir siendo ricos (aunque un poquito menos), y los pobres ya no tendrían motivos para plantear la revolución.

Todo comenzó a torcerse tras la muerte de Stalin en 1953. Sus sucesores ahondaron la crisis interna existente en la URSS. La burocratización no era ya sino una forma masiva de corrupción, una mafia que se extendía entre bastidores, a la que no sólo no pusieron freno, sino que se alinearon con ella aniquilando lentamente los principios y las estructuras de Estado socialistas (tardaron 36 años en liquidar el socialismo en nombre del socialismo).

Pero ya a finales de los años 50 los partidos comunistas occidentales comenzaron su etapa de declive final: su esencia, su propósito, su horizonte, comenzaron a perder influencia y relevancia en la sociedad. El modelo socialista se requebrajaba, y la socialdemocracia burguesa había ganado la batalla política en occidente a todos los niveles.

La modernidad concluyó con un sabor agridulce, por un lado, si bien gracias al marxismo se logró construir una realidad alternativa al capitalismo, esa realidad no se pudo extrapolar a las naciones occidentales más avanzadas y la contienda inevitable entre ambos mundos (el fascismo también fue hijo del modernismo) dejó un reguero de más de 60 millones de muertos. El mundo pedía a gritos un viraje, un cambio, una superación.

Ya sobre la década de los años 70, tras los últimos coletazos de la era hippie y de las protestas descafeinadas de mayo de 1968, comenzó a situarse una nueva corriente cultural que venía a romper con los sólidos moldes de la modernidad: la era del posmodernismo.

El nacimiento del Posmodernismo (años 70)

“Si la modernidad nos trajo la conciencia de que el ser humano tenía capacidad de cambiar la historia para su beneficio mediante la razón, esto es, la idea de progreso, la postmodernidad rompió la noción de historicidad, de gran relato, de horizonte, dejando a la izquierda desarmada para afrontar sus cometidos.”(1)

“La ruptura de la idea ilustrada de progreso condujo a la negación de la propia historia, donde el futuro era un lugar que carecía de un horizonte posible y el pasado era un proyecto desechable por principio. Se creó así una especie de presente continuo, donde se abandona el sentido de continuidad y por tanto de aprendizajes históricos o conclusiones para el mañana. Paradójicamente el pasado se convirtió en un cajón de sastre de donde se podía expurgar a conveniencia para aumentar un permanente eclecticismo temporal. Si los textos se entrecruzan entre ellos en un baile inacabable de significados y significantes, si el contenido de la narración, de la obra, ya no pertenece al propio autor, sino que es susceptible de cualquier interpretación y deconstrucción, entonces la importancia del autor, su intención a la hora de expresar algo planificadamente, carece de importancia. El intelectual, el artista, queda así reducido a un mero transmisor de pulsiones culturales indescifrables que no puede controlar. De esta forma se elimina la autoridad intelectual, pero contrariamente a lo que se podría pensar, la producción cultural no se democratiza, sino que se cosifica, siendo más importante el producto que el productor, lo que se quiere entender de las intenciones originales. Surge así un populismo cultural que, incluso pretendiéndose iconoclasta, tan sólo reproduce un fetichismo en torno a la mercancía y su aceptación exitosa. Ya no puede haber parámetros, sistema de crítica, por lo tanto el único validador es un ficticio gusto popular, que no es más que la coartada simpática de las reglas del mercado.”(1)

“La posmodernidad es la estupefacción y la angustia hechas virtud y estado, es la ausencia total de lugares hacia donde dirigirse.”(1)

“La rebelión contra las tradiciones y la conformidad había pasado en diez años, de 1968 a 1978, del ámbito político al ámbito estrictamente personal y ¿cómo se estaba manifestando esta ansia por la individualidad? A través del consumo. Los exhippies necesitaban seguir sintiéndose diferentes, pero como el activismo político y la acción colectiva eran percibidos como inútiles ahora gastarían su dinero para expresar su individualidad.”(1)

La implantación del Neoliberalismo (años 80 en adelante)

Una década después del inicio del movimiento posmodernista, a finales de los años 80, y con la URSS a punto de desaparecer, llegan a occidente los grandes cambios socioeconómicos de la mano de Ronald Reagan (en EEUU) y Margaret Tatcher (en RU), que comienzan a implantar el neoliberalismo con mano de hierro. Es una época en la que ya se difunde la idea de que solo hay un mundo posible, el capitalismo (que poco a poco se irá denominando meramente como “economía de mercado”), y que se trata del mejor de los mundos. También se ha extendido la idea de la clase media y de la figura del consumidor sobre cualquier otra consideracción de clase y de los medios de producción. Los mecanismos publicitarios ya han colonizado los medios de comunicación y la cultura a gran escala.

El derrumbe de la URSS acabó dilapidando a los partidos comunistas (que ya nadaban en un mar de revisionismo y reformismo estériles), “pero también a la política entendida a la manera del siglo XX, a la manera de la modernidad. De esta forma el posmodernismo, no ya como ente en sí mismo, sino como teorías derivadas y un espíritu de época general, permeó de forma mucho más profunda todo el espacio crítico. El llamado debate sobre la izquierda, que realmente siempre había existido, se convirtió en un laberinto sin salida. Mientras que la duda permanente posmoderna, era una supuesta garantía de profundidad teórica, el neoliberalismo, bastante más convencido, comenzó su asalto a nivel global.”(1)

Sin la influencia previa del posmodernismo, el neoliberalismo no se hubiera podido extender de una forma tan rápida y exitosa. Así, “el neoliberalismo utilizó el posmodernismo para desmantelar a la izquierda, para extender su amoralidad y cinismo como valores aceptables, para crear un estado de las cosas donde su proyecto no es que fuera el más apropiado, sino el único posible. Mientras que se negaba la validez universal de las ideas socialistas, el capitalismo se guardaba secretamente su parcela de modernidad, extendiéndose universalmente, sin importarle ya lo más mínimo ninguna de las excusas teóricas que aquellos filósofos franceses le habían prestado.”(1)

“Las manifestaciones antiglobalización eran, sin duda, coloristas, pero en extremo poco operativas. Si bien había un criterio unificador, un rechazo difuso al globalismo capitalista, lo importante era mostrar una amplia diversidad de grupos, reivindicaciones y consignas. Más que una protesta o un movimiento al uso, la antiglobalización fue una especie de catarsis colectiva donde las afrentas de los primeros 20 años de la reacción conservadora se pusieron sobre el tapete.”(1)

“Lo importante no era el objetivo de la protesta, inclasificable, siempre postergado, sino la protesta en sí misma, el “happening”, el que tal o cual colectivo quedara representado en el suceso, la heterogeneidad. Por un lado, el estado general de ánimo posmoderno ya preñaba tanto la forma como el fondo de las reivindicaciones, para empezar en la propia naturaleza del movimiento, que carecía de una definición propia que no fuera por oposición. Se era “anti” porque ya no se podía ser “pro”, creer firmemente en el socialismo o en lo que fuera, tener un horizonte, un gran relato. La clase quedaba relegada frente al grupo específico y este frente al individuo, porque lo importante era mantener la especificidad. Con un fondo tan inasible la forma empezó a tomar una mayor relevancia, reduciéndose los hechos de la protesta a la protesta.”(1)

“En el 15M la gente que acudía a llenar las plazas lo hacía porque tenía una serie de problemas reales derivados de la grave crisis de 2008 que azotaba al país. Pero su grito general era el de “no nos representan”, mientras decían sentirse indignados con la política institucional. Es decir, se sentían decepcionados con el objeto que habían adquirido, su identidad de ciudadanos más o menos satisfechos con su vida y su entorno, y por tanto aquella identidad, herida, decía no sentirse representada con aquella democracia, sus instituciones y partidos. Aunque en las protestas subyacía un conflicto de redistribución, se expresaba mediante uno de representación.”(1)

“El proyecto del neoliberalismo destruyó la acción colectiva y fomentó el individualismo de una clase media que ha colonizado culturalmente a toda la sociedad. De esta manera hemos retrocedido a un tiempo premoderno donde las personas compiten en un mercado de especificidades para sentirse, más que realizadas, representadas.”(1)

“La llamada clase media, más que una clase en sí misma, es un estrato intermedio definido por el poder adquisitivo y los valores y estilos de vida. La clase media se constituyó como pilar principal del neoliberalismo por su relación aspiracional con el consumo, no comprando objetos o estilos de vida porque los necesitara y los viera útiles, sino como una forma de reforzar su estatus, su autoexpresión. Así surge una diversidad con valor diferenciador, pero también desigual, que proporciona a estas personas un anclaje a su identidad débil, una forma de sentirse diferentes y valiosos. Su relación con la política, especialmente en lo electoral, era muy parecida. La clase media no quería formar parte de ningún grupo y por supuesto no se consideraba parte de ninguna clase social. A lo sumo quería huir del concepto de clase trabajadora, al parecerle uniformador y poco atractivo, aunque muchos formaran parte de ella mientras que aspiraban a formar parte de las clases altas. Así esta clase media, esta clase aspiracional, tenía un espíritu trepador y su relación con lo electoral se limitaba a exigir siempre desde su preciada individualidad medidas que parecía que favorecían su espíritu emprendedor, aun cuando a veces fueran en contra realmente de sus propios intereses.”(1)

“Las bajadas de impuestos se convirtieron en la joya de la corona de las promesas electorales [neoliberales], aunque a menudo esto redundara en peores servicios públicos que estas personas de clase media, pese a su buen nivel económico, no podrían cubrir con su cartera. Las explicaciones que les darían y se darían a sí mismos para estos desajustes siempre irían en la línea neoliberal de la ineficiencia y el despilfarro de lo público. Así, por ejemplo, una gran parte de la clase media se manifestó en contra de programas de vivienda o sanidad públicos, porque pensaban que les harían pagar más impuestos, a pesar de no poder pagar una cobertura sanitaria privada o sufrir la especulación del suelo. Pasado un tiempo, la culpa de tener peor atención médica o de que sus hijos tuvieran dificultades para acceder a una vivienda no la tendrían las bajadas de impuestos que apoyaron, sino aquellos que no dejaban al mercado lo suficientemente libre o los perezosos trabajadores de clase “baja” que querían aprovecharse de sus impuestos sin dar un palo al agua.”(1)

“A pesar de que esta clase media se percibe sólo como clase a la hora de compararse con los inmediatamente inferiores a ellos, sus ideas siempre se les antojan propias. Así su narrativa vendría a decir que toman todos decisiones muy parecidas porque comparten una serie de estilos de vida como la ambición o el emprendimiento, pero nunca, como realmente pasa, por estar sus deseos y aspiraciones totalmente mediatizados por las ideas hegemónicas del neoliberalismo.”(1)

“La clase media desde los años 80 fue colonizando a toda la sociedad, siendo hoy, más que la clase hegemónica, la única percibida. Los trabajadores creen ser clase media, los ricos pretenden serla.”(1)

“Esta uniformidad narrativa, la forma en que nos explicamos como personas y, por tanto, explicamos nuestra relación con la sociedad, ha trasladado junto con el concepto de clase media su ansiedad por diferenciarse, su identidad débil, su angustia existencial. ¿Cómo se cura la clase media esta ansia de diferenciación? Mediante el mercado de la diversidad: una serie de identidades individualistas y competitivas que impiden nuestra acción colectiva y nuestra percepción como clase trabajadora para sí misma.”(1)

(1) del libro “La Trampa de la Diversidad”, escrito por Daniel Bernabé.


¿Podrá el capitalismo ser sostenible?

Nadie puede contestar con seguridad a esta pregunta, pero podemos realizar hipótesis a partir de los datos, los factores y las tendencias actuales (año 2019). Existen una serie de principios o máximas inmutables dentro del sistema capitalista que son el motor de su funcionamiento. Conocer estas máximas es el primer paso para hacer pronósticos con cierto criterio.

  1. PRINCIPIOS CAPITALISTAS

1.1. La explotación y el Capital

La explotación es el mecanismo del sistema capitalista encargado de generar plusvalías (a través del trabajo asalariado, fundamentalmente) y de convertir el dinero en capital. Para que el mecanismo funcione, se requiere que la fuerza de trabajo sea considerada una mercancía, algo que viene sucediendo desde el siglo XIX. También hay otros mecanismos para obtener Capital, en este caso financiero, a través de los mercados especulativos. Pero en definitiva, no existiría el Capital de no ser por la explotación y la paralela mercantilización de la sociedad. Este mecanismo implica la existencia del explotador y del explotado en la sociedad.

1.2. La desigualdad económica y social

Debido al mecanismo anterior, donde la explotación es extractiva, para que se pueda generar riqueza siempre ocurrirá que el explotador obtenga un beneficio mayor a costa de que muchos explotados obtengan un beneficio menor (en otras palabras, el beneficio del explotador es obtenido a costa de que los explotados no reciban enteramente los frutos de su trabajo). La estructura jerárquica del capitalismo sigue siendo piramidal (igual que el sistema feudal), y los que están en la base son los que más sufren la explotación. La desigualdad no es sino un efecto más de este principio, ya que propicia que los que son explotados no puedan obtener capital ni acumularlo, al mismo tiempo que propicia que los que ejercen la explotación lo puedan obtener y acumular. Por tanto, los explotadores acumulan mucha más riqueza que los explotados, y he aquí el principio de la desigualdad. El reparto de la riqueza generada en el mundo es desigual, y a medida que pasa el tiempo cada vez se hace más desigual: comparativamente, los ricos son cada vez más ricos, y los pobres son cada vez más pobres.

1.3. La propiedad privada de los medios de producción: motor de la acumulación y la concentración del capital

Debido al factor anterior, los ricos y superricos concentran cada vez más y más riquezas, y más y más poder de influencia. Esto es gracias a explotación y la especulación que reproducen, pero también gracias a las fusiones, las absorciones y las OPAs que realizan las empresas que controlan. En el Capitalismo, la generación de riqueza se realiza fundamentalmente a través de la propiedad privada de los medios productivos (y las subsidiarias creaciones de patentes y derechos reservados). Esto implica que los poseedores de estos medios impiden a los demás miembros de su especie a poseerlos o utilizarlos, es decir, que el derecho a la propiedad privada es exclusivo y excluyente. Tomando como base este principio, el libre mercado de los medios de producción privados conduce a la concentración del Capital, y a su vez, la concentración del Capital conduce a los monopolios y oligopolios. Los grandes conglomerados corporativos, los holdings, los grupos empresariales transnacionales, etc. permiten la concentración cada vez mayor de capital en menos manos. Siempre encontraremos casos de un grupo muy reducido de empresas que controlan un porcentaje muy elevado de un determinado mercado. Cabe comentar aquí que la forma económica de producir a nivel global es anárquica (es decir, no existe la economía planificada), y que solo se controla y organiza la producción a nivel empresarial (interno). Esto implica necesariamente que las empresas deben competir para mantener y aumentar su cuota de mercado, e implica necesariamente el derroche de recursos terrestres, ya que las empresas los utilizan para llenar el mercado con sus productos independientemente de que exista una demanda real para ellos. Constantemente las empresas se dedican a bombardear con publicidad a la sociedad para tratar de vender sus productos, intentando convencer a la sociedad de la necesidad de comprarlos (la pretensión es que la oferta determine la demanda). Además, el modelo productivo es lineal y se despreocupa de los residuos generados por el consumo, lo que ahonda en la problemática de producir bienes “ilimitadamente” en un mundo finito.

1.4. El Imperialismo: la creación del mundo rico y del mundo empobrecido

La desigualdad social no sólo se manifiesta dentro un país/Estado, sino que a nivel planetario existe una desigualdad entre naciones y continentes. El principio es el mismo que impera dentro de un país, o dentro de una empresa, y permite que una serie de naciones, las llamadas naciones ricas o del primer mundo, exploten a otro grupo de naciones llamadas naciones pobres o del tercer mundo. Ocurre que una parte importante de las riquezas de una nación rica se obtienen y acumulan a costa de mantener empobrecidas a las naciones pobres (valga la redundancia). Es decir, las naciones pobres son pobres porque las naciones ricas les privan de sus recursos (igual que el explotador priva al explotado de todo el fruto de su trabajo). Como efecto de este mecanismo, tenemos un mundo bipolar donde el Norte controla y somete al Sur. Esta situación de desigualdad se produjo gracias al esclavismo y el colonialismo que se desarrollaron en las etapas tempranas del capitalismo, y posteriormente gracias a las guerras por el control de los recursos estratégicos, sin lo cual, la desigualdad creciente entre naciones no se hubiera producido de una forma tan acelerada. Actualmente, y cada año, por cada dólar que el primer mundo invierte en África, obtiene 24 dólares (es decir, que anualmente África pierde 23 dólares por cada dólar obtenido). Este es el resultado de aplicar una política de explotación extractiva, y que permite que unos pocos países se queden con las riquezas de muchos otros.

1.5. Las clases sociales y la lucha de clases

Debido a la explotación y la desigualdad imperante entre seres humanos, dependiendo de cómo se obtienen los ingresos y la cantidad de ellos que se obtienen, se configuran o determinan una serie de clases sociales. Pertenecer a una clase social u otra dependerá de dónde hayamos nacido y a qué clase social pertenezca previamente nuestra familia. Actualmente, en el 99% de los casos en todo el mundo, nacer en una clase social implica pertenecer a ella para siempre. Las clases sociales más amplias son la clase burguesa y la clase trabajadora, aunque se puede pertenecer a ambas al mismo tiempo. Dentro de la clase burguesa destaca la clase capitalista y dentro de la clase trabajadora, destaca la clase proletaria. Pertenecer a la clase burguesa o a la trabajadora se determina fundamentalmente a partir del rol que los individuos toman dentro del sistema, ya sea como explotadores o como explotados, respectivamente. Este paralelismo no es exacto y existe una franja difusa entre ambas clases. Por ejemplo, un burgués puro es aquel que obtiene todos sus ingresos gracias al trabajo ajeno, pero puede ser gracias a que es un explotador capitalista, o gracias a que es un propietario rentista. Por otro lado, si un trabajador explotado también obtiene ingresos a través de rentas, entonces pertenece a ambas clases, pero de un modo parcial. En cualquier caso, no puede existir la clase capitalista sin la clase proletaria y viceversa. Se trata de clases antagónicas, esto es, con intereses totalmente cruzados. La lucha entre estas clases es una constante del capitalismo, y no necesariamente han de luchar ambas para que exista la lucha de clases, basta que una de ellas lo haga. Actualmente, quien ha logrado desarrollar más su lucha ha sido la clase capitalista, que es la clase dominante, y su hegemonía y poder son incuestionables.

1.6. El Estado Capitalista y la falsa democracia

El Estado es, en cada momento histórico, una herramienta de la clase dominante. Actualmente el Estado está controlado y dirigido por las grandes empresas nacionales (en cada país), y también por otras estructuras políticas y empresariales de mayor poder (OTAN, OMC, FMI, BM, etc.). Pero en definitiva, sirve como garante de los intereses de la clase capitalista dentro de un territorio determinado. El Estado se compone de un aparato militar (ejército), que según la circunstancia participa más o menos en los conflictos armados que desarrolla la clase capitalista fuera de sus fronteras y que buscan proteger los intereses de los ricos para expandir su poder. En última instancia también es la fuerza que defenderá al Estado de posibles revoluciones internas. El Estado también se encarga de imponer un ordenamiento jurídico dentro de su ámbito territorial (leyes y Constitución), en el que también son de aplicación otras directivas y tratados de mayor envergadura global. Pero sobre todo, las leyes capitalistas procuran proteger y consolidar los derechos y los privilegios de los ricos. Es habitual que en una Constitución capitalista esté tipificado el derecho a la propiedad privada y al trabajo asalariado (garantía de que se reproducirá el modelo explotador capitalista). La defensa de las leyes se realiza mediante jueces, policía, servicios secretos (también ligados al aparato militar) y también por el control de la clase política (que acaba conformando el Gobierno de turno). Los partidos políticos son financiados por los bancos, que a su vez controlan los consejos de administración de muchas empresas y tienen una participación importante en el reparto de acciones de muchas compañías. Estos partidos deben su existencia al sector financiero privado y a una buena parte del sector empresarial, que también los financia, los publicita y otorga cargos y sueldos vitalicios (en sus empresas) a los políticos que aplican las medidas adecuadas a sus intereses (las llamadas puertas giratorias). El gobierno empresarial en la sombra es un hecho, y votar sólo sirve para elegir al títere que los va a servir.

2. CONTRADICCIONES CAPITALISTAS INSOSTENIBLES

Entonces, habiendo comprendido los puntos anteriores, lo que ha venido ocurriendo en el mundo es la manifestación de las contradicciones de tales principios, motivadas por el propio desarrollo del capitalismo:

2.1. Crisis económicas sistémicas

El anarquismo productivo de bienes y capitales tiende constantemente a la sobreproducción de los mismos al no existir prácticamente ninguna regulación en los mercados. La única norma clara es la competitividad empresarial, y debido a la acuciante acumulación en pocas manos y a la abismal desigualdad social, no existe mecanismo alguno en la sociedad para poder absorber tal sobreproducción. Cuando la manifestación de esta contradicción se hace patente, toda la eficiencia y la maquinaria tecnológica se vienen abajo, el sistema es incapaz de seguir produciendo algo que no se va a poder vender, y estalla una crisis marcada por la parálisis económica, el despido de millones de trabajadores y el cierre de miles de empresas. Millones de productos son retirados del mercado y desechados en algún paradero, donde el sistema es incapaz de reutilizarlos.

2.2. Recursos finitos y crisis climática

El mero hecho de que exista una sobreproducción implica que estamos utilizando una cantidad de recursos muy superior a la que realmente necesitamos: En condiciones “normales” de crecimiento del Primer Mundo, el 40% de los productos que tienen fecha de caducidad no se venden y se desperdician, a lo que se suman todos los productos de consumo que son retirados de las tiendas porque han “pasado de moda” y ha entrado un sustituto nuevo. A todo ello, se suman todos los bienes de consumo que la sociedad sí ha comprado pero que son desechados en un tiempo muy inferior al tiempo de vida útil que permiten tales productos (productos tecnológicos, ropa, automóviles, mobiliario doméstico, utensilios, juguetes, etc).

En este punto hay que tener en cuenta la existencia de la obsolescencia programada, una forma de limitar el potencial de uso de los productos y bienes de consumo desde el mismo origen de fabricación. Lámparas, electrodomésticos, productos tecnológicos, etc. son creados para aguantar una serie limitada de horas, usos o ciclos, que si no estuvieran programados para fallar, seguirían funcionando. También, debido a la publicidad invasiva que ataca las emociones humanas, la sociedad se ve abocada al despilfarro, a comprar innecesariamente cosas que ya tiene y no necesita, lo que contribuye a generar una demanda artificial orquestada por los grandes medios productivos y comunicativos, a fin de mantener los beneficios de las grandes corporaciones multinacionales, y a sostener a millones de trabajadores explotados para poder producir mucho a bajo coste. Todo ello tiene un impacto muy negativo sobre los ecosistemas y los recursos naturales de la Tierra:

  • El incesante transporte de millones de productos por mar y el vertido de productos tóxicos al mar produce la acidificación de los océanos, y ésta a su vez provoca lluvias ácidas, la extinción de especies marinas y la contaminación de los animales marinos no extintos que luego comemos (llenos de microplásticos y mercurio).
  • El incesante uso de recursos fósiles en los centros de generación de energía, en las fábricas y en el transporte, liberan sustancias tóxicas que contaminan el aire que respiramos, y que incrementan el efecto invernadero, produciendo un calentamiento global y un cambio climático en todo el planeta.
  • El calentamiento global está derritiendo el hielo de los polos, lo que provocará un aumento de la evaporación del mar, un aumento del nivel del mar y tal vez un cambio en las corrientes y mareas oceánicas que traerá consecuencias indeseadas. También está provocando sequías y desertificando las zonas ubicadas en el ecuador de la tierra, haciendo imposible su hábitat para seres humanos en el medio plazo, lo que provocará millones de migrantes climáticos. Al haber más calor, habrá más energía en la atmósfera, lo que provocará que el agua evaporada en forma de nubes desate tormentas de una ferocidad jamás vista.
  • El agotamiento de recursos naturales es un hecho, el primer indicador son las especies extintas, el segundo son las escasas reservas de recursos fósiles que quedan, el tercero es la paulatina disminución de agua dulce disponible…
  • El reciclaje de los desechos es muy limitado, llegando apenas al 10% mundial. Eso significa que el 90% de lo que se produce objeto de generar un residuo no es tratado para ser reinsertado, sino que se quema o se vierte en vertederos, ríos y mares, aumentando el problema de la contaminación y del despilfarro.

2.3. La vida humana no tiene valor

Con la creciente desigualdad y la privatización de los sectores públicos esenciales para garantizar los derechos universales, se ha hecho dependiente del nivel social el acceso a la salud, el trabajo y unas condiciones de vida dignas. Las grandes desigualdades son también un indicador de la gran pobreza y miseria que se extiende por el mundo. Hay 3.400 millones de personas en el mundo que viven con menos de 5 dólares diarios (150 dólares al mes), 1.900 de las cuales vive con menos de 3 dólares diarios (90 dólares al mes). Se estima que casi 900 millones de personas pasan hambre en el mundo, 2.000 millones de personas aún no tienen acceso al agua potable, 1.600 millones de personas habitan en casas inadecuadas, 900 millones de personas viven en asentamientos informales o campamentos, 300 millones de personas no tienen un hogar donde vivir…

Este es el resultado del capitalismo. La única preocupación de las élites económicas y de las grandes multinacionales es incrementar sus beneficios. El resto son daños colaterales, meras cifras. Ni siquiera la vida humana merece ya su respeto, puesto que no es un factor que esté dentro de sus ecuaciones para la obtención de márgenes, ganancias y beneficios. El terror económico perpetrado por los ricos es absolutamente devastador.

3. EL FUTURO

Si se pretenden seguir manteniendo los mismos principios que nos han llevado hasta donde estamos, la miseria no tendrá solución y el clima y la contaminación harán de este planeta un lugar inhabitable para el ser humano. El aire será irrespirable, el calor y las tormentas destruirán la agricultura y la ganadería, la vida marina tal y como la conocemos hoy, se extinguirá. El cáncer se apoderará de la sociedad, las bacterias y los virus se harán más resistentes y se expandirán con gran virulencia, no habrá agua potable, etc. Las crisis se seguirán reproduciendo, acabando con miles de puestos de trabajo, precarizando el trabajo y las condiciones de vida. Los derechos básicos no se garantizarán, el acceso a cualquier servicio dependerá del dinero que uno tenga. Si además, las tensiones internacionales se agravan, el estallido de nuevas guerras podría llevarnos a la práctica extinción.

Pero, si por el contrario, se pretenden paliar los efectos nocivos que provoca el capitalismo, y permitiendo al mismo tiempo que el capitalismo sobreviva, será necesario implantar muchas reformas de gran calado con el objetivo de salvaguardar el bienestar de la sociedad y la naturaleza. Estas son algunas propuestas:

  • Desarrollar las energías renovables en todo el planeta, también para el tercer mundo, lo cual les brindaría la capacidad de ser más autosuficientes (plantas de energía eólica y solar, que son las más baratas). Un modelo energético descentralizado ayudaría a los países a no ser tan dependientes energéticamente y a confiar en sus propias capacidades. Ayudaría probablemente a aligerar ciertas tensiones.
  • Acabar con la generación de energía a través del carbón y el petróleo.
  • Implantar medios de transporte eléctricos (al menos por tierra).
  • Robotización y automatización de los procesos más monótonos y repetitivos.
  • Implantación de la tecnología de impresión en 3D a nivel industrial y doméstico.
  • Agricultura mediante polímeros, no requiere tierra y consume un 90% menos de agua.
  • Potenciar la economía circular, para obtener un horizonte de reciclaje del 80%.
  • Aplicar una renta básica para todo el mundo, un mínimo ingreso de subsistencia.
  • Reducir la jornada laboral a 6h y 4 días a la semana, en total, 24 horas de jornada completa semanal.
  • Frenar la deforestación de los bosques.
  • Legalizar algunas drogas para minimizar el poder y el conflicto de las mafias del narcotráfico.
  • Eliminar los planes de explotación de recursos en las naciones pobres por parte de las naciones ricas, así como los bloqueos económicos y las injerencias políticas y militares.
  • Eliminar los paraísos fiscales y extender un sistema progresivo de impuestos para aumentar la redistribución de la riqueza.
  • Potenciar el uso de medicamentos genéricos, también en el tercer mundo.
  • Activar un plan mundial para desmantelar todas las armas nucleares.
  • Suprimir el vínculo entre las instituciones religiosas y los Estados, de forma que se corte toda subvención y toda intromisión en el sistema educativo.
  • Potenciar la creación de cooperativas que funcionen en marcos regulados.
  • Establecer un límite para el beneficio personal, un techo económico que ayude a reducir la desigualdad económica (por ejemplo, establecer un sueldo máximo que no exceda de las 100 veces el salario mínimo de un trabajador).
  • Invertir socialmente en ciencia, investigación y desarrollo, y frenar el acceso y el control de las empresas privadas sobre estos recursos para su uso malintencionado (obtener beneficio a costa de publicar estudios fraudulentos, por ejemplo).
  • Garantizar la calidad de los alimentos que ingerimos con mayores controles y una regulación más estricta. Prohibir el hacinamiento de animales en fábricas.

En realidad ya hay miles de propuestas sobre la mesa, algunas son medidas más concretas, y otras son de mayor alcance. Hay mucho por hacer. Los derechos humanos no se están garantizando, hay muchas carencias y contradicciones en la práctica que impiden el pleno desarrollo de las personas. La sociedad sigue estando en un estadio primitivo de civilización, por mucha electrónica y sofisticación que haya, siguen habiendo muchas carencias básicas a nivel humano. Para que se implanten más y mejores políticas y medidas, tiene que haber un contrapeso que haga de balanza frente al despotismo y la avaricia que reinan en la sociedad. En resumen, si la sociedad quiere prosperar tiene que mover el culo. Sin ese contrapeso, sin ese motor que fuerce cambios radicales, no habrá opción de resolver los conflictos y las contradicciones inherentes al sistema: seguirá habiendo desigualdad, explotación, miseria, guerras territoriales por los recursos, mafias, economías sumergidas, evasión fiscal, corrupción, contaminación, violencia, etc.


Sobre la Independencia de Cataluña – Una década confusa (2008 – 2018) – Crónica (Parte 4/4)

CRÓNICA DE SUCESOS – 2017/2018

 

Cataluña se despierta el sábado, 28 de octubre de 2017, inmersa en una gran resaca después de los trepidantes y emotivos sucesos del día anterior. Transcurren algunas horas de la mañana y parece como si nada hubiera ocurrido. Ningún miembro del Gobierno catalán da señales de vida. Han apagado los móviles. Junqueras ha decidido pasar el fin de semana con la familia en una casa rural y Pugdemont se encuentra en Girona, desde donde emite una declaración institucional en la que no se da por cesado y pide a los catalanes «paciencia, perseverancia y perspectiva». Asimismo, llama a ejercer «una oposición democrática a la aplicación del artículo 155» e insiste en que deben respetarse las manifestaciones de rechazo a la declaración de independencia y, en todo momento, mantener el civismo. No hace referencia a la república recién proclamada. La declaración, lejos de aclarar nada, provoca aún más desorientación, también entre los seguidores independentistas, que no saben muy bien a qué atenerse. Es una muestra evidente de que nada hay preparado para el día siguiente a la proclamación de independencia.

Finalmente, el lunes 30 de octubre, el expresident envía un tuit del cielo de Barcelona fotografiado desde el Pati dels Tarongers, con sus gárgolas rompiendo la bóveda azul. En ese mismo espacio le esperan las cámaras de TV3 para inmortalizar el nuevo desafío a la legalidad española que supone la presencia del president destituido en el Palau de la Generalitat. Pero no aparece nadie. Y pronto se descubre que la foto tuiteada es de otro día. De hecho, ningún conseller aparece por sus despachos. Excepto Rull. Pronto se averigua que Puigdemont no va a acudir al Palau porque se ha fugado a Bélgica, y otros consellers le han seguido para no volver (Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig).

En Madrid se pone en marcha la maquinaria judicial para la inmediata presentación de una querella por parte de la Fiscalía General del Estado contra el Gobierno catalán por rebelión y malversación. A partir de este momento, la política ya ha perdido su oportunidad. Los jueces toman la palabra y lo hacen con dureza, decretando el encarcelamiento provisional de la mayoría de los líderes del independentismo por considerar que existe riesgo de reincidencia y de fuga. Si lo ocurrido en Cataluña es un desafío al Estado, uno de los poderes de ese Estado, el judicial, se ha sentido directamente concernido y opta por la máxima acusación, la de rebelión, penado con hasta 30 años de prisión. La rebelión implica un delito contra la Constitución con el fin de «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» que requiere el «alzamiento con violencia». Arrecian las discusiones entre juristas y en el seno de la sociedad catalana sobre si hubo o no ese «alzamiento con violencia» que el juez Llarena ve en los sucesos acaecidos en septiembre ante la Consejería de Economía y en los que buena parte de la población solo aprecia una protesta en la que, si acaso, pueden concurrir «desórdenes públicos».

La visión de las furgonetas de la Guardia Civil conduciendo a los consellers a la prisión golpea a muchos catalanes. Es un elemento que ahonda el enfrentamiento de una sociedad ya fracturada. El independentismo exhibe con una mezcla de orgullo y rabia contenida el lazo amarillo para reclamar la libertad de los presos, pero quienes no comparten el objetivo de la separación ya no permanecen callados como antes. En realidad, aunque se tienda a simplificar la división política en Cataluña entre favorables y detractores de la independencia, la paleta de matices es mucho más rica, como lo demuestra la composición de un Parlament muy atomizado.

No obstante, la política catalana ha comprendido que no se pueden traspasar ciertas líneas rojas, y en este sentido, muchos dirigentes de ERC, CUP y PDeCAT declaran públicamente que Cataluña aún no estaba (ni está) preparada para la Independencia, que se debe reformular la hoja de ruta y la estrategia a seguir. Entre los argumentos que se esgrimen, está lo que algunos ya sabíamos de sobra: no hay una mayoría de catalanes que apoyen el proceso, no va a existir un apoyo internacional si el proceso es unilateral, las estructuras de un nuevo Estado ni están listas ni se han trabajado, etc. Pero en realidad muchos de los argumentos omiten la parte fundamental: Cataluña sigue siendo una comunidad autónoma dentro del marco de la legalidad española, y por medio de la legalidad jamás se podrá lograr la independencia de Cataluña. Independientemente del paripé montado entre nacionalismos y la escalada de radicalismos, si omitimos toda la visceralidad asociada al proceso, queda que las leyes aprobadas por el Parlament son inconstitucionales, lo que implica que no tienen ni pueden tener ningún respaldo legal o jurídico, y por tanto, quedan invalidadas al instante y no se pueden aplicar. Si todo este proceso nos ha llevado a terminar en este callejón sin salida, es evidente que, o bien los políticos independentistas son unos ineptos desconocedores de su campo, o bien todo ha sido un gran farol al que jamás se ha pretendido reconducir, ya que se obtenía un beneficio electoral muy alto. Esto ha supuesto la completa desintegración de CIU, CDC y finalmente el PDeCAT, reconversiones de una misma estructura organizativa que ha quedado reducida a su mínima expresión, arrollada por el movimiento popular.

Los errores cometidos por la Moncloa en este periodo tampoco han sido menores. El principal, la inhibición. La renuncia a intentar cualquier tipo de aproximación política, incluso de explicación, acompañada de un profundo desconocimiento del extraordinario fenómeno que estaba desplegándose en Cataluña. Nadie en el Gobierno español diagnosticó con acierto lo que estaba ocurriendo.

En cualquier caso, el independentismo ha perdido toda posibilidad de materializarse, si es que en algún momento la ha tenido. Los dirigentes políticos independentistas han sido incapaces de presentar un proyecto político sólido o concreto, ni ninguna estrategia que funcionase. La idea del alzamiento de un pueblo que, con su resistencia pacífica y su “revolución de las sonrisas”, doblegaría al Estado, ha fallado. También ha fallado la idea que se tenía del apoyo europeo. También ha fallado la propuesta de un independentismo como fórmula integradora. También ha fallado la aplicación legal. Ya sólo queda luchar por los daños colaterales. El victimismo renace de nuevo reforzado en cada choque con el Estado español, las hazañas del independentismo se ensalzarán, y sus patrañas se esconderán. De no cambiar, la manipulación política del nacionalismo catalán seguirá engordando esta fabulosa epopeya milenaria que representa e identifica a tantos y tantos catalanes. Un valiente y masivo rebaño de mortales que solamente será utilizado por la política catalana para la próxima de sus aventuras, tal vez la lucha por el pacto fiscal, tal vez por conseguir migajas menores, o tal vez para mantener en el poder en Cataluña a un partido corrupto y neoliberal. Sea como sea, en algún momento convendría abordar una solución política que permita al menos «conllevarse» en armonía. Y será tiempo de recuperar algunas propuestas de quienes fueron tildados de «traidores» o, con sorna, esos «moderados de la tercera vía» acusados de pretender perpetuar supuestos regímenes obsoletos. Habrá que reconstruir los consensos constitucionales, restaurar el prestigio de las instituciones, tan erosionado, y buscar un reconocimiento de la identidad catalana que resulte más o menos confortable para la mayoría. Mientras esto no ocurra, pese a la aceptación final de las líneas rojas por parte de los políticos catalanes, el conflicto persistirá.

Tan es así, que el resultado electoral del 21 de diciembre de 2017 es un revés para Rajoy. Con una participación extraordinaria del 79%, la primera fuerza política de Cataluña es Ciudadanos (que en solo 11 años ha pasado de 3 a 36 escaños), pero la suma del independentismo la supera en número de escaños. Y el resultado del partido que gobierna en España, el PP, roza el ridículo (es la última fuerza política en el Parlament, y su desconexión con la realidad catalana es total). El cuadro es desalentador para Rajoy. Las elecciones no han sido la solución mágica, rápida e indolora que esperaba el presidente. El proceso independentista ha propiciado un despertar del nacionalismo español que se refleja en la multitud de banderas rojigualdas que decoran los balcones de las principales capitales (se reacciona a la profusión de esteladas en Cataluña con una respuesta mimética a la que se quiere denostar). El éxito de Ciudadanos consiste en aglutinar a todo el espectro de votantes contrario a la independencia por encima de cualquier otra consideración ideológica. Mientras la posible secesión no se vio como una vía factible, ese voto se dispersó entre diferentes opciones en función de las sensibilidades hacia la izquierda o la derecha, pero ante el avance del proceso independentista, el polo contrario empezó a engrosar las filas de Ciutadans, una formación que nació para enfrentarse sin complejos y frontalmente al nacionalismo catalán.

Respecto a los comunes, mantienen sus ocho escaños. Su política neutral hacia ambos polos no ha convencido a una sociedad confrontada y fracturada. No a la independencia, no al 155, y referéndum pactado, tal vez una de las pocas opciones sensatas y poco radicales del panorama político. El bloque independentista, mezcla de izquierda y derecha, no contará con el apoyo de los comuns. El bloque constitucionalista y de derechas, pro 155, tampoco contará con el apoyo de los comuns. En ningún caso, el apoyo a uno u otro bando modificaría ningún resultado. El bloque independentista obtiene por sí solo 70 escaños (la mayoría absoluta, al superar los 68 escaños), y el bloque constitucionalista obtiene por sí solo 57 escaños.

La sorpresa se ha producido en el lado del independentismo, donde Puigdemont ha provocado un terremoto. El expresident, que había insistido en público y en privado durante casi dos años en que no se presentaría a unas elecciones, ha cambiado de idea para estupor de su propio partido. De hecho, ha despreciado al PDeCAT y lo ha obligado a aceptar una lista con un nuevo nombre, Junts per Catalunya (JxCat), integrada en buena parte por personas de su confianza, sin tener en cuenta la opinión del partido. La estrategia de Puigdemont (desde Bélgica) es poner contra las cuerdas al Estado, acentuar las contradicciones de la democracia española, y ganarse la simpatía de la opinión pública europea. Es su salvoconducto para evitar un negro desenlace judicial. Mientras mantenga la atención internacional y el respaldo de una buena parte del Parlament, cree que podrá sostener la batalla.

El tiempo transcurre sin muchos sobresaltos, a excepción, tal vez, de las nuevas publicaciones sobre los atentados yihadistas en las Ramblas de Barcelona. Se descubre que el imán responsable del ataque terrorista mantenía contacto con el CNI y la Guardia Civil españolas. Hecho que populares y socialistas impidieron que se investigase en el Parlamento. Ese acontecimiento abre la puerta a que imaginemos cualquier cosa, incluido el asentimiento de los servicios secretos al atentado, pues es conocido que estos hicieron todo tipo de operaciones legales e ilegales en territorio catalán contra los partidos y políticos independentistas.

Finalmente, llega el 14 de mayo de 2018 y es investido presidente de Cataluña el político Quim Torra, un independiente fichado por Puigdemont que llegó rodeado de un revuelo notable por unos escritos de tinte xenófobo hacia los españoles por los que él mismo pidió perdón.

El 25 de mayo el PSOE registra una moción de censura contra el PP, después de que la Audiencia Nacional sentenciara que el PP se había beneficiado del esquema de sobornos ilegales para contratos del caso Gurtel. Se confirman así las numerosas sospechas fundadas de financiación ilegal del PP. La moción se celebra el 31 de mayo y obtiene los votos favorables de Unidos Podemos y los partidos independentistas en el Congreso. El resultado obtenido son 180 votos a favor, 1 abstención y 169 votos en contra. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, obtiene de este modo la presidencia del Gobierno de España.

El 2 de junio toman posesión de sus cargos los consejeros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de Quim Torra. Esto supone el levantamiento automático de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. La intervención de la autonomía catalana ha durado más de siete meses.

La normalidad política parece restaurarse. Los catalanes deberán superar una etapa de frustración colectiva y recomponer su fractura social. El independentismo no ha llegado al 50 % de los votos, pero no puede descartarse en absoluto que lo consiga en el futuro. Hace diez años era una postura casi residual política y socialmente, mientras que ahora ocupa el centro del debate entre las clases medias. Esa fuerza no es suficiente para doblegar a un Estado, pero tampoco para que este la ignore y pretenda la ficción de meter ese movimiento en vereda recurriendo a los tribunales. Para muchos, la aventura no se ha acabado. Al fin y al cabo, el proceso ha sido un relato tan potente que ha logrado atrapar a más de dos millones de personas. Es una historia cuyo final no está escrito.

El juicio a los líderes del procés tendrá lugar a principios del 2019. Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel, no serán juzgados en este juicio, al huir de la justicia española y encontrarse fuera de territorio español. La acusación está formada por la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado y, como acusación popular, el partido de Vox. Según el código penal español, acusan a los procesados de delitos de rebelión, malversación y desobediencia. La sentencia final es aún desconocida…

 

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Sobre la Independencia de Cataluña – Una década confusa (2008 – 2018) – Crónica (Parte 3/4)

CRÓNICA DE SUCESOS – OCTUBRE 2017

 

Tras el 1O, La posibilidad de una declaración unilateral de independencia empieza a flotar en el ambiente, pero nadie se atreve a anunciar su proclamación. De momento, el grupo dirigente opta por seguir la línea mayoritaria que impulsa la sociedad catalana, que consiste en protestar contra las cargas policiales. Las entidades soberanistas y el Gobierno de Cataluña proponen un «paro de país», al que se suman los sindicatos, para el día 3 de octubre, acompañado de concentraciones. El paro resulta masivo en la administración, el transporte y el comercio, los sectores más visibles, pero apenas tiene repercusión en la industria. El clima en Barcelona es de excepción. Suspendido en el ambiente flota un cierto temor a que puedan producirse incidentes en la calle. Los CDR, grupos de activistas cercanos a la CUP y creados para impedir el cierre de colegios electorales el 1-O, cortan carreteras, incluso calles y avenidas en plena Barcelona. Las manifestaciones de protesta desbordan Barcelona y las plazas de toda Cataluña. Se puede palpar una indignación popular que va más allá del independentismo. Cataluña vive una jornada de sensibilidad a flor de piel.

El colofón de este extraño día es el discurso del rey. Nada más acabar su intervención televisada, la más seguida del monarca en Cataluña, se desata una cacerolada de dimensiones colosales en ciudades y pueblos. En su alocución televisiva, el rey critica la «vulneración sistemática de las normas aprobadas legal y legítimamente» por parte del Gobierno catalán, al que acusa de «demostrar una deslealtad inadmisible» y de «fracturar la convivencia». Reprocha también a la Generalitat su «menosprecio a los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles», situándose «al margen del derecho y la democracia». Más que por lo que dice, la indignación del independentismo se desata por lo que obvia, ya que los reproches del monarca se centran solo en una parte del conflicto, no hay referencias a la necesidad de un diálogo, elude comentar la actuación policial del día del referéndum, no muestra ningún gesto de afecto hacia quienes fueron vapuleados el 1 de octubre, como tampoco se desprende ningún mensaje para los dos millones de catalanes que han manifestado con su voto que preferirían no pertenecer a España. Ni siquiera una vaga referencia que dé por sentado que los españoles desean que se mantengan a su lado. Para Felipe VI, era de vital importancia lanzar un mensaje de firmeza a los poderes del Estado, al mundo económico y al resto de los países europeos. Sus palabras provocan un efecto inmediato en el PSOE, que cierra filas sin fisuras junto al Gobierno de Rajoy en todo lo referente a Cataluña. El rey también recibe llamadas de mandatarios extranjeros, sobre todo europeos, agradeciéndole que les marcara el camino con su discurso. De hecho, su alocución es también una manera de dar al traste con los intentos de la Generalitat de buscar una mediación internacional.

El disgusto y el malestar en Cataluña por el discurso del rey rozan máximos históricos. Desde el Palau de la Generalitat, interpretan que el rey acaba de dar su beneplácito implícito a la aplicación del artículo 155. Los más duros abogan por cumplir con la hoja de ruta, es decir, que Puigdemont acuda al Parlament, dé cuenta de los resultados del 1-O y cumpla con «sus efectos de acuerdo con la ley de referéndum», es decir, que declare la independencia. Los más moderados confían en la mediación internacional, ya que Puigdemont ha asegurado que hay una propuesta discreta de la presidencia de Flandes, con el apoyo del Gobierno belga. El president anuncia la convocatoria del pleno del Parlament el día 9 de octubre para presentar los resultados del referéndum…

En estos días de impasse, el independentismo empieza a comprobar que, pese a la corriente favorable a su causa ocasionada por la violencia policial del 1O, los grandes países europeos, empezando por Alemania, no tienen ninguna intención de presionar a Rajoy para que se siente a dialogar. Algunos países europeos temen una escalada de movimientos separatistas dentro de sus propios territorios y aún se hallan inmersos en las consecuencias de la votación que abonó el Brexit. Las sensaciones de vértigo ante una DUI también empiezan a hacer mella en el PDeCAT. El partido se moviliza para buscar alguna salida que evite ese escenario. Pero el planteamiento de Puigdemont de situar una declaración de independencia en el horizonte cercano impide cualquier posibilidad de trabajar una propuesta de mediación, ya que la convierte casi en un chantaje. En el otro lado tampoco hay gran interés. El Gobierno central no cree que este sea un conflicto en el que puedan aplicarse mediaciones. No es una disputa entre dos países y, en su opinión, la única salida consiste en que el Ejecutivo catalán acate las leyes.

Más allá de la política, comienzan los movimientos empresariales. El día 5 por la mañana, el Banc Sabadell anuncia el traslado de su sede social a Alicante. La noticia cae como una bomba. Horas después, CaixaBank sigue sus pasos trasladando su sede social a Valencia. La primera reacción del Gobierno catalán es restarle importancia al asunto, ya que la sede social no comporta el traslado de la fiscalidad, es decir, que los bancos y empresas seguirán pagando sus impuestos en Cataluña y que los trabajadores tampoco se trasladarán. Estos movimientos son en realidad una manifestación del desacuerdo de la burguesía catalana hacia la gestión del Procés, y en los siguientes tres meses, más de 3.000 empresas y entidades bancarias anunciarán el traslado de su sede social, de las cuales un millar cambiará también de lugar su fiscalidad. En los días que transcurren desde el referéndum hasta el 10 de octubre, las retiradas de depósitos de esos dos grandes bancos realizadas por sus clientes en Cataluña ascienden a 6.000 millones de euros. Muchos ciudadanos recurren a las llamadas cuentas espejo, que consiste en trasladar el dinero a una sucursal del mismo banco fuera de Cataluña. Incluso algunos dirigentes independentistas se apuntan a esa medida preventiva… Además de la fuga de depósitos, los bancos llevan semanas sufriendo el castigo de las bolsas. A raíz del anuncio de traslado, la situación se estabiliza en pocos días.

En este contexto, se activa el principal intento de mediación para impedir la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155. Se trata de la intervención del lehendakari, Íñigo Urkullu. Los peneuvistas tienen intención de apoyar los Presupuestos Generales del Estado del PP a cambio de un suculento pacto que le reportará una mejor financiación y una millonaria cifra de inversión en Euskadi. Pero al nacionalismo vasco también le preocupa la aplicación del 155 porque puede crear un peligroso precedente. Es la activación del último recurso. El artículo 155 establece que si una comunidad autónoma no cumple con la Constitución u otras leyes de forma «que atente gravemente al interés general de España», el Gobierno podrá «adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». Nadie sabe exactamente qué significa en la práctica ese enunciado, más allá de que supone una intervención en toda regla del gobierno de una Comunidad Autonómica.

El lehendakari intenta por todos los medios frenar decisiones irreversibles, pero también plantea escenarios para un diálogo a medio plazo. Así, llega a preparar un documento titulado «Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas», según publica Enric Juliana en La Vanguardia. Entre las ideas de Urkullu para entablar el diálogo figuran la de negociar modificaciones en la financiación o introducir cambios en la Constitución que fueran después votados en referéndum. No habrá oportunidad de llegar a esa fase.

El día 6 de octubre, Urkullu recibe el mensaje de Rajoy de que se resiste a aplicar el 155, a pesar de que admite que está siendo muy presionado por su partido, por otras formaciones de la oposición, por varios poderes del Estado, medios de comunicación e incluso por algunos gobiernos europeos. También le explica que no puede aceptar una mediación internacional de ninguna de las maneras y que espera que Puigdemont se avenga a rebajar la tensión. El lehendakari lo transmite así a la Generalitat por varios canales y le envía un mensaje directo al president pidiéndole: «Habría que modular el planteamiento de la DUI». En los días posteriores, Urkullu también contacta con el abad de Montserrat, Josep Maria Soler (que ha mantenido posiciones en favor del referéndum), y con el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, para hacerles partícipes de sus gestiones, dados los estrechos vínculos que mantiene el PNV con la Iglesia.

A todo esto, el domingo 8 de octubre tiene lugar la mayor manifestación contra la secesión que se ha visto hasta ahora, convocada por Societat Civil Catalana, una entidad que surgió durante el proceso independentista para contrarrestar el discurso predominante de los partidarios de la separación y denunciar las «mentiras» que, en su opinión, difunde la propaganda soberanista a través de los medios de comunicación. La principal atracción de la marcha es la presencia del escritor Mario Vargas Llosa y del expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell. Los contrarios a la independencia reúnen a unas 350.000 personas frente a la Estació de França de Barcelona, según la cifra facilitada por la Guardia Urbana. En algunos momentos se escuchan gritos de «prisión» para Puigdemont. Es la primera vez que se vive en Cataluña una movilización proespañola tan multitudinaria. Esta marcha es un punto de inflexión, ya que da visibilidad a ciudadanos que hasta ahora se habían mantenido en un discreto segundo plano durante todo el proceso independentista.

Finalmente, el 9 de octubre empieza el pleno convocado para abordar los resultados del 1O. La presión económica, política y social para frenar la DUI está en su máximo apogeo. A Puigdemont le han contactado decenas de empresarios, sindicatos, partidos, entidades, para convencerle de que no declare la independencia. «Nadie se puede sorprender por que hagamos lo que dijimos que haríamos», declara el president en TV3. La división en el seno del Gobierno catalán ya es palmaria.

Llega el día 10 y todo está en manos de Puigdemont. Solo un círculo muy reducido conoce sus intenciones. El president toma la palabra en el hemiciclo. Recuerda que, en cumplimiento de la ley del Referéndum aprobada, al cabo de un par de días desde la celebración del referéndum, deben trasladarse sus resultados a la Cámara catalana, que «celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente». Los diputados, las decenas de periodistas llegados de todo el mundo y la gente que sigue la sesión en pantallas colocadas en el exterior del Parlament y por la televisión desde sus casas, contienen la respiración. Unos desean que el president dé el paso. Otros lo temen… «Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república.» Los miles de seguidores que esperan en la calle están a punto de comenzar la celebración, sus rostros reflejan la emoción del momento… Pero siguen escuchando: «Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto. Y, con la misma solemnidad, el Gobierno catalán y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada». Los mismos que estaban a punto de desplegar su euforia se quedan helados. Poco a poco, se marchan a sus casas con una sensación de desconcierto y frustración.

¿Qué ha pasado?

No se ha declarado formalmente la independencia de Cataluña (no ha sido votada ni se publica en el DOGC), se ha hecho una declaración que deja en suspenso el procés, pero el president ha manifestado su intención de seguir adelante, manteniendo la misma contradicción de apelar al diálogo mientras se amenaza con aplicar la DUI. De nuevo, se trata de un chantaje.

Sin embargo, a esta intensa jornada se le añade una escenificación más. Todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP se trasladan al acabar el pleno a la sala de actos del Parlament en la que tiene lugar una de esas firmas solemnes a las que es tan aficionado el independentismo. Uno a uno van estampando su rúbrica en un documento que, sin eufemismos ni prevenciones, pero también sin validez jurídica, reza así: «Constituimos la República catalana…». Señal inequívoca de que a los cuperos lo ocurrido en el hemiciclo les había parecido claramente insuficiente. Con la firma de este documento se intenta mantener la unidad independentista.

Como era previsible, el Gobierno central no puede quedarse de brazos cruzados ante semejante escenario, y Rajoy lanza una última pregunta: ¿Ha proclamado la independencia? La Moncloa advierte que se expone a la aplicación del artículo 155 si la respuesta es afirmativa. En su requerimiento a Puigdemont, el Gobierno del PP exige que confirme «si alguna autoridad de la Generalitat» ha declarado la independencia y pide que se conteste con un sí o un no. Cualquier contestación «creativa» será considerada «una confirmación». El president tiene de plazo hasta el día 16 a las diez de la mañana para contestar. Ese es justo el día en que el mayor de los Mossos (Trapero) y los presidentes de la ANC y Òmnium (los Jordis) están citados a declarar ante la Audiencia Nacional acusados de sedición.

La respuesta de Puigdemont es una carta en la que deja claro a Rajoy que su apelación al diálogo no es una muestra de «debilidad», sino que responde a la multitud de peticiones que ha tenido en ese sentido de personalidades de todo tipo. Le insta además a revertir «la represión» citando como ejemplos las declaraciones de Trapero y los Jordis, así como la violencia policial del 1O o la intervención económica de la Generalitat. Por último, le emplaza a una entrevista en persona. Pocas horas después de recibir esa misiva, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decreta el ingreso en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Trapero queda en libertad bajo medidas cautelares. Su encarcelamiento supone un mazazo emocional en Cataluña, ya que son los primeros líderes independentistas que ingresan en prisión por los recientes acontecimientos. Además, no son pocas las voces que se alzan entre representantes políticos o del mundo jurídico que critican el recurso a la prisión preventiva para estos casos. Casi medio millón de personas se manifestará en Barcelona en días posteriores para reclamar la excarcelación de los Jordis. Los lazos amarillos para defender que los presos vuelvan a casa empiezan a invadir las solapas de muchos ciudadanos y a formar parte del paisaje catalán.

Pero enseguida la atención vuelve al terreno político porque desde la Moncloa se ha enviado un segundo requerimiento a Puigdemont para que se ciña a las preguntas que se le hacían en el primero. Y la respuesta del president es diferente según quien la lea. En ella, recuerda a Rajoy que no se ha dignado a responder su petición de entrevista y que no solo no ha revertido la represión, sino que han sido encarcelados dos líderes independentistas. Y, al final, señala: «Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre». Ese redactado es el resultado de múltiples presiones de sectores políticos y sociales moderados que reclamaban a Puigdemont un gesto para impedir la aplicación del 155. Una respuesta que permitiera a Rajoy asegurar que el president había aceptado que no se declaró la independencia (el día 10 no se votó), pero que tampoco resultara humillante para los partidarios de proclamar la república. Pero la carta no es satisfactoria para el Gobierno del PP, que anuncia que se pone en marcha el mecanismo para intervenir la autonomía de Cataluña por primera vez desde la aprobación de la Constitución, en 1978.

En Cataluña, es lunes 23 de octubre y salta la sorpresa. Empieza la semana crítica.

Puigdemont convoca al Palau de la Generalitat a Artur Mas, Marta Pascal y David Bonvehí, la cúpula del PDeCAT al completo, y les comunica que va a convocar elecciones, que está decidido. Pero le preocupa que esa solución aparezca ante la opinión pública independentista como una opción deshonrosa, cobarde. Por eso, el president insiste en buscar una fórmula alternativa que evite al mismo tiempo la DUI y las autonómicas. Una vez más, se intenta la cuadratura del círculo, la solución mágica. Y esta no llega. Son días en los que se mueven todos los hilos posibles. Urkullu también despliega una incesante actividad para convencer a Rajoy y Puigdemont de que es necesario apearse de la escalada de tensión. El titular de Empresa, Santi Vila, una vez más en su papel de moderado, intenta convencer a Puigdemont de que acuda al Senado para explicarse dentro del plazo para presentar alegaciones que tiene la Generalitat antes de que se apruebe el 155. Pero el president anuncia que rechaza la invitación de la Cámara Alta para que acuda personalmente a presentar sus alegaciones contra la aplicación del 155 y mantener un debate cara a cara con Rajoy en ese marco institucional. De hecho, se anuncia la convocatoria del pleno del Parlament que incluye la declaración de independencia para la sesión del próximo viernes 27 de octubre.

No obstante, el miércoles 25, el president reúne en el Palau a los dirigentes de los partidos, a los miembros del Gobierno catalán y a representantes de los grupos parlamentarios afines y de las entidades independentistas. Les anuncia su intención de convocar elecciones. Les explica que no desea llevar a Cataluña a la «preautonomía». «No quiero ser el presidente de un país virtual», se justifica. Insiste una y otra vez en que la proclamación de la independencia no alumbrará un país nuevo de la noche a la mañana, que las estructuras de Estado no están listas para aplicarlas si no hay un mínimo acuerdo con el Estado, que Europa no ha dado señales de que pueda haber un reconocimiento internacional y que le preocupa sobre todo la eventualidad de que se produzcan enfrentamientos en las calles. Y recurre a un símil curioso: «No quiero ser presidente de Freedonia. Me niego a ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente». Durante la reunión, se hace venir a Rafael Ribó, síndic de greuges (equivalente al defensor del pueblo) que acaba de llegar de visitar en la cárcel a Jordi Sànchez. Según explica Ribó, el líder de la ANC es partidario de convocar elecciones. «En la cárcel no hay nada que hacer», es el mensaje de Sànchez. El líder de ERC desea elecciones, pero en ningún momento le pide a Puigdemont que las convoque. Deja claro al president que si convoca elecciones tendrá que asumirlo como una decisión personal de su entera responsabilidad y que impedirá la colaboración entre ambos para el futuro. Ante la presión de Esquerra, Puigdemont les propone su renuncia y que Junqueras asuma la presidencia, pero nadie contesta a esa propuesta. Son casi las 2.30 de la mañana del jueves cuando se concluye que la vía elegida son las elecciones. Junqueras dirá en público que respeta la decisión del president, aunque no la comparta.

Desde primera hora de la mañana del jueves 26 ya circulan veloces las noticias sobre la convocatoria electoral, prevista para el 20 de diciembre. El decreto, ya redactado, incluye una referencia a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), a petición de Urkullu, que le ha asegurado a Puigdemont que debe figurar alguna alusión al Estatut o al ordenamiento jurídico español para garantizarse que Rajoy no aplicará el artículo 155. Al mismo tiempo, el PSOE presentaría una enmienda en el Senado pidiendo la paralización del procedimiento para la intervención de la Generalitat. Todo está listo, pero el president está inquieto porque espera una garantía clara de que no se aplicará el 155. Finalmente, Puigdemont anuncia en el Palau de la Generalitat la decisión de convocar elecciones.  La primera que se levanta cuando concluye el president es Carme Forcadell. «President, es inaceptable», sentencia. Empieza un debate de favorables y detrctores sobre esta decisión. En la calle, miles de estudiantes que se estaban manifestando contra la aplicación del artículo 155 van congregándose en la plaza Sant Jaume, desde donde no cesan de gritar «Puigdemont, traïdor». También Rufian, con sus «155 monedas de plata», acusa a Puigdemont de Judas, de traidor, provocando la adhesión de miles y miles de independentistas, tremendamente activos en las redes sociales. La reunión acaba como el rosario de la aurora, mientras toda España espera sin saber a qué atenerse. Se supone que el president va a convocar elecciones, pero algo va mal… La expectación es enorme. El procés se ha convertido en un culebrón y, en teoría, estamos a punto de descubrir el desenlace. Puigdemont sale con paso firme de la reunión mantenida con los parlamentarios. Le siguen Turull y Rull. «No lo puedes hacer», «no podrás pasear por la calle», «la gente no lo entenderá», son algunas de las frases pilladas al vuelo por algunos de los presentes. El president se dirige a la Casa dels Canonges traicionado por ERC por no apoyarle en la decisión que entre todos habían acordado la noche anterior. En una televisión que está encendida en el trayecto desde el Palau, Puigdemont ve a Xavier García Albiol, presidente del PP catalán, asegurando que el 155 se aplicará convoque o no elecciones el president. Es el argumento que más le hace flaquear. Está íntimamente convencido de que Rajoy le engañará y mantendrá la intervención de la Generalitat aunque él convoque elecciones. Se mueven hilos para intentar conocer las intenciones de Madrid, pero ninguna da resultado. Puigdemont no lo ve claro y ya ha decidido que no convocará. Le escribe a Urkullu que tiene una rebelión y no puede cumplir con su palabra: «Los míos me han dejado solo». No habrá elecciones. Quien tampoco puede aguantar más en el Gobierno es el conseller Santi Vila, que presenta su dimisión al president cuando ve que sus esfuerzos para convencerle de que convoque elecciones caen en saco roto. «Condeno absolutamente la imposición del artículo 155, pero este acto violento contra la democracia y las instituciones de Cataluña no justifica tomar ningún atajo», argumenta Vila en su despedida.

En todas estas horas críticas no se produce la única llamada que podría desbloquear la situación. La única que disiparía todos los malentendidos y superaría recelos y consejos interesados. Puigdemont no se fía de Rajoy. Rajoy no se fía de Puigdemont. Pero ninguno de los dos descuelga el teléfono para buscar el compromiso personal del otro de manera directa.

Puigdemont hace una declaración en el Palau de la Generalitat en la que afirma: «He estado dispuesto a convocar elecciones siempre que se dieran unas garantías que permitiesen su celebración con absoluta normalidad. No hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones». En Madrid se deja claro que continúa el trámite del Senado para la aplicación del 155.

La declaración de independencia está lista. El pleno con la DUI en el orden del día se reanuda el viernes 27, y todos son conscientes de que las consecuencias van a ser fatales. En el Senado, Rajoy justifica su decisión de aplicar el 155 y recibe una ovación de la bancada del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Mientras, en el Parlament, la tensión en el grupo de Junts pel Sí es máxima. Forcadell no quiere leer el texto de la declaración de independencia y sugiere que lo haga Puigdemont, pero este no piensa abrir la boca. Se discute si la votación debe ser o no secreta para poner las cosas más difíciles a los jueces si los diputados son procesados por rebelión o sedición.

«Al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo…» Este es el encabezamiento de la histórica resolución que Junts pel Sí y la CUP han pactado. En ella se argumenta que «la nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia» y prosigue: «Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica». A continuación, repasa esos intentos, con especial énfasis en el último Estatut. «Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación», la Generalitat convocó un referéndum de autodeterminación, que fue respondido con una «brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes». Y se asegura que «la República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria». En virtud de esos razonamientos, se concluye con la constitución de «la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». Se dispone también la entrada en vigor de la «ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República» y se inicia el «proceso constituyente». Se afirma la voluntad de abrir negociaciones «en pie de igualdad» con el Estado español y se pone en conocimiento de todo ello a la comunidad internacional, a la que se insta a supervisar esas negociaciones y a reconocer al nuevo Estado.

Pero lo que se va a votar no es este texto. Esa resolución será leída por la presidenta del Parlament Carme Forcadell y lo que se vota es instar al Gobierno catalán a desarrollar la ley de Transitoriedad Jurídica e iniciar el proceso constituyente. Es un curioso sobreentendido, puesto que esa ley contiene las disposiciones para el funcionamiento de un nuevo Estado, como el procedimiento para adquirir la nacionalidad catalana, la integración de los funcionarios del Estado en la administración de la Generalitat, la negociación para el reparto de bienes o la promoción internacional para el reconocimiento de la nueva república. Es decir, se va a votar directamente la aplicación de la declaración de independencia sin haberse votado previamente la propia declaración. Hasta el secretario general y el letrado de turno de la Cámara se ausentan después de advertir en la reunión de la Mesa que se estaba cometiendo una ilegalidad.

Los partidos independentistas han acordado finalmente que la votación será secreta. Se trata de que el resultado favorable al «sí» arroje dos votos menos de los que disponen los grupos que apoyan la resolución para que un juez no pueda atribuirles a todos delitos de sedición o rebelión. Los parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP, abandonan el hemiciclo en señal de protesta. Los representantes de Catalunya Sí que es Pot votan y algunos de ellos lo hacen mostrando el papel con su «no» ante las cámaras. El recuento lo hace Forcadell, ayudada por los secretarios de la Mesa. Se anuncia que «la declaración de los representantes de Cataluña» queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. Es viernes 27 de octubre de 2017 y se supone que se acaba de declarar la república de Cataluña. La CUP está contenta y los independentistas celebran el resultado en la calle entonando els Segadors. Pero la declaración de independencia no provoca ningún reconocimiento internacional. Al contrario, en estas primeras horas todos los pronunciamientos subrayan que España sigue siendo el único interlocutor. Desde el Departamento de Estado norteamericano hasta Alemania, Reino Unido, Francia, Italia… Desde diferentes países se hace llegar el mensaje de que «la soberanía e integridad territorial de España son y permanecen inviolables» y se llama a resolver el conflicto por la vía del diálogo. Los esfuerzos internacionales de los dos últimos años no han servido para nada.

Mientras los dirigentes independentistas celebran en el Parlament la proclamación de la independencia, en Madrid se ha aprobado la aplicación del artículo 155 después de seis horas de debate en el Senado. Una medida inédita en la democracia española que recibe 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención. La respaldan el PP, el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria. Lo aprobado incluye el cese del presidente de la Generalitat y de su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlament, la intervención de la administración catalana, incluyendo los Mossos d’Esquadra (que pasarán a estar controlados por el Ministerio del Interior), y la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre de 2017.

La proclamación de la independencia ha durado apenas cinco horas. Ya no hay república. Ni tampoco autonomía.

En el Palau de la Generalitat nadie sabe qué hay que hacer con exactitud. La idea de que el Gobierno de Cataluña apruebe ya los primeros decretos para el despliegue de la república es desestimada porque podría agravar la posible respuesta judicial. Se comentan las opciones del exilio, ya que están convencidos de que van a ser detenidos. Son momentos de angustia. Aquel viaje a Ítaca emprendido hace cinco años ha acabado en naufragio. Al final de la jornada, la bandera española sigue ondeando en lo alto del Palau de la Generalitat, como el símbolo más evidente del despertar de un sueño.

 

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Sobre la Independencia de Cataluña – Una década confusa (2008 – 2018) – Crónica (Parte 2/4)

CRÓNICA DE SUCESOS – 2016/2017

 

El 9 de enero de 2016, tras la falta de acuerdo por investir a Artur Mas como President, se logra un acuerdo in extremis entre JxSí y la CUP, donde se anuncia que el nuevo presidente de la Generalitat será Carles Puigdemont. Un político (exalcalde de Girona por CIU), que cursó sus estudios en el internado del Collell, cerca de Banyoles, regentado por sacerdotes. No lo ha manifestado de forma tan clara como Oriol Junqueras (ERC), pero el president también se considera católico, aunque no sea practicante.

“Un paso al lado”. Así define Artur Mas ante la prensa su decisión de abandonar la presidencia de la Generalitat a cambio de que la CUP siga sosteniendo la permanencia de su partido en el poder y el independentismo continúe con sus planes. La CUP se supone que es un partido de izquierda anticapitalista e independentista, pero es evidente que su prioridad es más lo segundo que lo primero. De hecho, en este sentido conviene recordar el sospechoso resultado que obtuvo la CUP cuando decidió someter el nombre de Mas como presidente de la Generalitat a una votación asamblearia, donde se obtuvieron un total de 1.515 votos a favor de su investidura y exactamente 1.515 en contra. Pero paradójicamente este hecho no salpicó a un partido que presume de transparencia y participación interna frente a las viejas prácticas de la política tradicional. Lejos de la fachada progre, la realidad es que amañaron los resultados para dar más tiempo a esta vieja política de adaptarse a su chantaje. Y ciertamente, funcionó.

Tras el debate de investidura en el Parlament, Puigdemont logra la confianza de la mayoría independentista con un discurso en el que asume como programa de gobierno la ruptura con España. Promete que esta legislatura de 18 meses será la de la “postautonomía a la preindependencia”. Posteriormente, en la toma de posesión, promete el cargo sin mencionar la Constitución ni el rey, referencias que sustituye por la frase “con fidelidad al pueblo de Cataluña”. De momento, son solo gestos, pero pronto se verá que Puigdemont no es como su predecesor, heredero de un tiempo en el que la política mantenía el respeto hacia ciertas líneas rojas.

Puigdemont deja claro su programa de gobierno. Se compromete a aplicar la declaración de soberanía del Parlament en la que se abona la desobediencia al Tribunal Constitucional y que había sido anulada precisamente por ese mismo órgano judicial. También enumera algunas de las “estructuras de Estado” que piensa desarrollar, como aduanas, un banco central catalán y una hacienda y una seguridad social propias, entre las más destacadas. Otra de las prioridades será la ley de «transitoriedad jurídica», que pretende servir de puente entre la legalidad española y la del futuro Estado catalán, con el objetivo de realizar el eventual traspaso sin vacíos legales. No se olvida de Mas y asegura que contará con su asesoramiento y resume su labor con una frase que resultaría premonitoria: “No son épocas de cobardes, ni para temerosos ni para los flojos de piernas, ni para resignarse en la confortabilidad”.

Los convergents, que inicialmente se frotaban las manos pensando en que el desgaste de gobernar enseguida le pasaría factura a Esquerra, van comprobando con el transcurrir de los meses que no es así. Por si fuera poco, la marcha de Mas del Gobierno ha desatado pugnas internas en el partido. Se va configurando un sector partidario de avanzar más lentamente hacia la independencia y sin situarse fuera de la legalidad, y también hay otro que apunta a posiciones más radicales, aunque aún muy desdibujadas.

Mas se posiciona al respecto, y empieza a dar un giro apreciable a su discurso. La legislatura que acaba de comenzar tendrá 18 meses porque así lo impuso el expresident y debe conducir a la independencia porque de esa forma lo pactó con ERC y las entidades soberanistas, pero ahora Mas se dedica a difundir que la secesión no es algo que vaya a ocurrir en poco más de un año y que hay que recuperar la reivindicación de un referéndum. Así que, mientras Mas rechaza una declaración unilateral de independencia y proclama que antes hay que superar el 50 % de los votos, su sucesor en el Gobierno de Cataluña asegura en la prensa internacional que el divorcio con España puede conseguirse sin el acuerdo de Madrid. Mas había suscrito una “hoja de ruta” hacia la secesión con la esperanza de ganar tiempo y de que algo podría pasar por el camino que alterara los planes, pero su sucesor considera que tiene una misión que cumplir. Al pie de la letra.

Para más inri, la CUP también añade leña al fuego. Pese al acuerdo con Mas, los cuperos se niegan ahora a aprobar los presupuestos de 2016. “Los acuerdos mutan”, replican cuando se les recuerda el pacto por el que Mas dejó la presidencia. Conviene destacar que el Leitmotiv de esta decisión no radica en cuestionar el contenido neoliberal de los presupuestos. La CUP ha decidido forzar un referéndum unilateral de independencia y quiere un compromiso claro de que lo organizará el Gobierno de Cataluña y que, a continuación, si se gana, Puigdemont desplegará un proceso constituyente para la creación de la república catalana. El president toma en persona las riendas de la negociación. Conoce bien a la CUP desde su etapa como alcalde. Cuenta con un buen enlace con ese ámbito como es su amigo Miquel Casals, un histórico independentista de Girona que en los años 80 militó en el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), formación de izquierda revolucionaria favorable a la secesión. Pero pese a sus contactos con la CUP, Puigdemont no consigue doblegar a los negociadores para que apoyen el presupuesto. Aunque podría prorrogarse, se impone la tesis de que, sin las cuentas, el pacto entre los tres partidos independentistas saltaría por los aires y, con ello, la legislatura. Pero Puigdemont da la sorpresa con un reto a la CUP. Anuncia que el 28 de septiembre de 2016 se someterá a una cuestión de confianza para comprobar si la mayoría independentista aún mantiene su hoja de ruta. Eso significa que, si para entonces no hay acuerdo, convocará elecciones y, por tanto, la transición hacia la separación de España se puede ver truncada.

Por su parte, en mayo de 2016, CDC abre un proceso de refundación y “regeneración democrática”, con el objetivo de limpiar la imagen del partido tras los continuos escándalos de corrupción política, y que finalmente conducirá a transformar el partido en una formación abiertamente independentista. Se presentará a las elecciones generales de junio de 2016 aun como CDC, pero en julio de 2016 se fundará el nuevo partido: Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), y su presidente será Artur Mas. Mantenerse en el poder es la gran prioridad de los Convergents, que aunque hayan cambiado de nombre, conviene recordar que siguen defendiendo el neoliberalismo.

El resultado de las elecciones generales de junio de 2016 es una aplastante victoria del PP, y un descenso para el resto de partidos. A partir de este punto, los partidos independentistas catalanes ni se plantearán llegar a acuerdos con el Gobierno central que no pasen por la realización de un referéndum de independencia. Ya se comienzan a notar los efectos de esta política suicida, donde el aumento de la radicalidad del nacionalismo catalán, conllevará también el aumento de la radicalidad del nacionalismo español.

Para septiembre de 2016 la CUP anuncia que el president contará con sus votos en la cuestión de confianza, a pesar de que, en apariencia, ninguna de las dos partes ha dado su brazo a torcer. Es sorprendente. La CUP no suele claudicar tan fácilmente. Todo apunta a que ha recibido garantías de Puigdemont de que se celebrará el referéndum unilateral que reclama la formación “anticapitalista”. Con el apoyo de la CUP ya expresado públicamente, el independentismo celebra una nueva Diada el 11 de septiembre de 2016, que se presenta como la última de la Cataluña autonómica.

La idea del referéndum unilateral cobra fuerza entre el independentismo. Pero no convence a todos. El 20 de septiembre, en el Consejo Ejecutivo de cada martes, los consellers abren un inusitado debate sobre este asunto. Las reuniones del Gobierno suelen discurrir plácidas, por derroteros más bien técnicos. En cambio, ese día los consellers se enzarzan en una discusión cordial sobre cómo culminar el proceso independentista. La mayoría de los consellers de la antigua Convergència se manifiestan en contra del referéndum unilateral. Solo Josep Rull (Territorio) se muestra partidario por considerar que una consulta pactada con el Estado nunca se conseguirá y que, en algún momento, habrá que optar por la ruptura. En cambio, otros consellers como Jordi Jané (Interior), Santi Vila (Cultura) o Meritxell Borràs (Gobernación) ponen objeciones con el argumento de que sería una repetición del 9-N que no conduciría a ninguna parte, ya que no gozaría del reconocimiento internacional necesario. Junqueras participa muy discretamente en el debate (es una de las características del líder de ERC).

Finalmente, Puigdemont aprovecha la cuestión de confianza que tiene lugar en el Parlament el 28 de septiembre para anunciar su intención de convocar una consulta, lo permita o no el Gobierno central. «O referéndum o referéndum», es su titular. Y encarga su organización a Junqueras y al conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. La CUP está satisfecha.

Por parte del gobierno central, cabe mencionar que en ningún momento presentan la más mínima intención de resolver el conflicto catalán. La llamada “operación diálogo” ni siquiera persigue la defensa de la “tercera vía”, es decir, de una negociación para blindar el autogobierno catalán que pueda votarse y evitar así que el independentismo aparezca como la única salida al conflicto. De hecho, el gobierno central incurre constantemente en la praxis de la dejadez y la desconsideración del conflicto, haciendo promesas de inversiones en Cataluña que al poco tiempo son arrojadas a la basura por ellos mismos con la presentación de los nuevos presupuestos generales del Estado. Además, paralelamente a esta desatención del problema, se suma la actividad catalanofóbica de los jueces. La imagen de Forcadell entrando en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia al Constitucional al haber permitido un debate en la Cámara sobre el “proceso constituyente”, se suma a la inminente fotografía de Mas y sus consellers en el banquillo por la organización del 9N.

Durante el juicio, Mas se declara “el responsable” de la organización y celebración del 9N, pero niega que desobedeciera orden alguna del Tribunal Constitucional, ya que esta afectaba a una consulta y lo que se hizo finalmente fue “un proceso participativo”. Es decir, Mas no admite en ningún momento que desafiara al Estado ni que cometiera ilegalidad alguna. La sentencia es de dos años de inhabilitación para ejercer cargo público para Mas, un año y nueve meses para Ortega y un año y medio para Rigau, por desobediencia al Constitucional. Son absueltos del delito de prevaricación. Pese a que deciden recurrir, la ley electoral les impide presentarse como candidatos aunque no sea una condena firme, lo que significa que Mas tiene que olvidarse de la idea que acariciaba, la de presentarse como candidato del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas.

Pero el frente judicial no se agota con el juicio del 9N y tras ocho años, por fin se sientan en el banquillo los responsables del saqueo del Palau de la Música, Fèlix Millet y su número dos, Jordi Montull. El escándalo de la financiación irregular de Convergència aflora de nuevo y afecta a Mas, cuyo futuro político se extingue (en la época del saqueo, Mas era el responsable del partido).

El PDeCAT, pasa por horas muy bajas, pero Puigdemont sigue adelante con sus planes, ajeno a todo aquello que no sea el proceso independentista. La metáfora del choque de trenes entre los gobiernos catalán y central, que durante mucho tiempo ha acompañado el proces, empieza a cobrar fuerza. Estamos a principios de 2017 y queda solo medio año para culminar lo prometido: el referéndum, el proceso constituyente… Y no hay nada preparado. Esa es la realidad. Mientras, desde Madrid llegan señales de que los poderes del Estado empiezan a inquietarse. La Fiscalía General del Estado está al acecho ante cualquier mínimo indicio de que el Gobierno de Cataluña pueda moverse para organizar un referéndum. Y el Tribunal Constitucional ha dejado atrás algunos titubeos internos. En determinados círculos de la derecha madrileña empieza a reclamarse con insistencia la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No se va a dejar pasar la más mínima actuación encaminada a la organización de un referéndum. Todo está listo para el choque de trenes.

Conforme avanza el tiempo el ambiente se enrarece en el Ejecutivo catalán y algunos miembros empiezan a titubear ante la posibilidad de estampar su firma en documentos que puedan reportarles desagradables consecuencias penales, decantándose más por la opción de un adelanto electoral que a la celebración de un referéndum. Pero pronto se pone remedio a esta situación. Puigdemont y Junqueras deciden crear el “Estado Mayor”, un pequeño grupo de personas, algunas ajenas orgánicamente al Gobierno catalán, a los grupos parlamentarios y a la cúpula de los dos partidos, es decir, sin ninguna representatividad, que tendrán una influencia crucial en las decisiones que se tomarán de ahora en adelante. Por ello, el día 21 de abril de 2017, un total de 144 cargos (entre ellos todos los consellers) son obligados a firmar solemnemente en el Pati dels Trongers del Palau de la Generalitat un manifiesto en el que se comprometen a “organizar, convocar y celebrar” un referéndum de independencia. Todos ellos reiteran así “su compromiso con la celebración del referéndum, que debe convertirse en el ejercicio práctico de un derecho inalienable: el derecho de autodeterminación”. También se comprometen a “aplicar los resultados” de dicho referéndum…

A pesar de esta maniobra, los recelos no se disipan del todo, ni mucho menos. Algunos miembros del Estado Mayor aconsejan a Puigdemont que se deshaga de determinados consellers, sobre todo de una pieza clave como es el titular de Interior, Jordi Jané, y de su número dos, Albert Batlle, que están al frente de los Mossos d’Esquadra. El control de este cuerpo policial es esencial para permitir la celebración del referéndum unilateral. Se realizarán varias purgas en el seno del Govern, cuyos cargos serán ocupados por políticos que estén dispuestos a asumir las consecuencias de una desobediencia al Estado, sean cuales sean. Puigdemont pretende aprobar cuanto antes un cambio de reglamento del Parlament para permitir que se pueda dar luz verde a la ley del Referéndum y a la ley de Transitoriedad Jurídica, conocida como “ley de desconexión” por la vía de urgencia, es decir, sin apenas debate político con la oposición y saltándose el criterio de los letrados de la Cámara.

Ambas partes, los gobiernos central y catalán, tienen claro que, a estas alturas del conflicto, no hay posibilidad de dar marcha atrás. Sería una claudicación en la que ninguno de los dos bandos está dispuesto a sucumbir. El resto de los partidos españoles empiezan a despertar y a mirar hacia Cataluña. El socialista Pedro Sánchez propone a los diputados convergentes en el Congreso crear una comisión parlamentaria para abordar el conflicto catalán. Hace un año que Homs hizo una propuesta similar y fue rechazada por el PP, el PSOE y Ciudadanos. Pero al mismo tiempo, Sánchez empieza su acercamiento a Rajoy en este asunto. El líder del PSOE intuye con claridad que solo tendrá alguna opción de ser presidente en España si se alinea claramente en contra de las pretensiones del independentismo catalán. En julio, el socialista acude a la Moncloa y junto a Rajoy, cierra filas contra el referéndum.

Se perfila el choque de trenes y Puigdemont pisa el acelerador sin tener ninguna garantía de que esta actitud pueda funcionar. El 9 de junio de 2017 el president anuncia que el referéndum será el 1 de octubre y que tendrá una pregunta muy clara: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. El president enfatiza que este referéndum no es una repetición del 9N y que se hará “en ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña”, e insiste en que se compromete a aplicar su resultado.

Los sindicatos y los alcaldes son dos colectivos que entonces empiezan a ponerse nerviosos, ya que un referéndum organizado como unas elecciones supone que los colegios deberán abrir y que los ayuntamientos tendrán que cooperar, lo que significa que se pondrá en riesgo a trabajadores públicos. Pero finalmente se opta por la fórmula de que los ayuntamientos no cederán locales propios para el referéndum y se permitirá que la consulta se celebre en instalaciones de la Generalitat.

El verano de 2017 ha estado marcado por los atentados yihadistas en Cataluña, pero a principios de septiembre el proceso vuelve a ocupar toda la atención política con bríos renovados. Tampoco se habla ya de los recortes sociales en educación y sanidad, u otros problemas populares como el precio de la vivienda y el alquiler, la temporalidad laboral, el paro, etc. El independentismo se vuelca en la celebración del 1 de octubre. Puigdemont y los suyos están totalmente decididos, aseguran que el referéndum se va a hacer, que tienen las urnas y que se abrirán los colegios. Mientras, Rajoy y sus ministros insisten en que eso no va a ocurrir de ningún modo. Ambos bandos parecen jugar de farol, a ver cuál de los dos asusta más al rival, pero nadie se atreve a hacer predicciones. Lo cierto es que, para estas fechas, Puigdemont ya sabe que podrá contar con lo más importante: las urnas.

Los días 6 y 7 de septiembre pasarán a la historia de Cataluña como jornadas ignominiosas para sus instituciones. Las dos leyes que se aprueban estos dos días constituyen la médula del intento de secesión. El Parlament vive jornadas en las que hunde su reputación. Una mayoría parlamentaria simple arrasa con todo el marco jurídico vigente: el Estatut y la Constitución. El día 4, Puigdemont se reúne con Forcadell para abordar cómo se van a aprobar las leyes del Referéndum y de Transitoriedad (conocida como “ley de desconexión”). La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, parece superada por las circunstancias.

El día 6 culmina tras once horas de pleno que pueden considerarse uno de los espectáculos más bochornosos que ha vivido la Cámara catalana por el desprecio con el que se trata a la oposición y a los servicios jurídicos parlamentarios. El bloque independentista (Junts pel Sí y la CUP) aprueba por la vía exprés y con los informes en contra de los letrados y del Consell de Garanties Estatutàries (organismo catalán garante de que las leyes se ajusten a la Constitución y el Estatut) la ley del Referéndum, en la que se establece que si la consulta del 1 de octubre arroja como resultado un solo voto a favor de la independencia más que en contra se proclamará la secesión. Catalunya Sí que es Pot se abstiene y los diputados de Ciudadanos, PSC y PP, abandonan sus escaños en señal de protesta.

El prestigio de Forcadell como presidenta de la institución queda muy maltrecho. No pocos diputados soberanistas admiten en privado que el espectáculo ha sido lamentable. Ya de noche, al finalizar el pleno y una vez aprobada la ley del Referéndum, el president reúne a su Gobierno y a los diputados para transmitirles “la trascendencia” del momento y reclamarles “serenidad y determinación”. Todos los miembros del Ejecutivo firman el decreto para la votación del 1-O, consumando así la desobediencia al Tribunal Constitucional. De madrugada se crea incluso la Sindicatura electoral, el equivalente a la Junta Electoral Central. Si Mas había presentado el 9-N formalmente dentro de la ley mediante la triquiñuela de convertir la consulta en un proceso participativo sin las mismas garantías que un referéndum, Puigdemont se ha saltado cualquier prevención y ha ido mucho más lejos, consiga o no poner las urnas.

Sáenz de Santamaría anuncia que el Gobierno central recurrirá todos estos actos a la Junta Electoral Central y pedirá acciones penales contra la Mesa del Parlament, empezando por su presidenta, Carme Forcadell…

El día 7 por la mañana, Puigdemont asegura a algunos miembros de su Gobierno, entre ellos Santi Vila, que no piensa repetir el espectáculo del día anterior. Esa mañana debe aprobarse in extremis nada menos que la ley de Transitoriedad Jurídica, es decir, la norma a aplicar justo después de la futura proclamación de independencia. Se trata de la ley que deberá regir hasta que la república catalana pueda dotarse de una Constitución propia. En ella se establece que “Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social”. Rige además quiénes pueden acceder a la nacionalidad catalana y, en líneas generales, mantiene las disposiciones legales del Estado español hasta que se disponga de la nueva Carta Magna catalana. También señala que quedarán anulados los procesos judiciales a dirigentes soberanistas (“porque yo lo valgo”).

El apartado judicial de esta ley es alarmante al establecer un evidente sometimiento del poder judicial al ejecutivo. Concretamente, establece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasaría a ser el Tribunal Supremo de Cataluña y que su presidente sería nombrado… ¡por el presidente de la Generalitat!, a propuesta de una comisión mixta formada por el presidente del Supremo, el conseller del ramo, cuatro miembros de la Sala de Gobierno del tribunal y cuatro personas designadas por el Ejecutivo catalán. También el fiscal general sería nombrado por el Parlament a propuesta del Gobierno de Cataluña. Se establece así una dependencia del poder judicial, subordinado al Gobierno, que contrasta con las constantes críticas del independentismo a la falta de separación de poderes en España. Finalmente, la ley incluye un apartado para preparar la nueva Constitución mediante un “proceso constituyente”. Se trata de abrir un cauce de participación ciudadana para redactar la Carta Magna que duraría seis meses desde el referéndum del 1O. Después se disolvería el Parlament y se convocarían elecciones constituyentes. Los nuevos diputados redactarían la Constitución, que sería ratificada mediante otro referéndum.

La ley de Transitoriedad Jurídica o “ley de desconexión” pretende ser el germen de la nueva República. Es obra de Viver Pi-Sunyer, y durante meses se ha anunciado como el tránsito a la independencia sin salir de la legalidad. “De la ley a la ley”, se repite sin cesar para dar confianza a la ciudadanía. Otra mentira más en la que incurren los políticos independensitas para poder justificar su falta de visión y realismo ante la coyuntura del presente. Esa mañana del 7 de septiembre, algunos diputados y miembros del Gobierno catalán intentan convencer a Puigdemont de que lo importante es la ley del Referéndum para poder celebrar el 1O y que si se consigue ese objetivo ya será más que suficiente y no haría falta aprobar la ley de Transitoriedad Jurídica. Pero Puigdemont no atiende a razones y decide continuar. La Fiscalía General del Estado anuncia que presentará una querella contra todos los miembros del Gobierno catalán por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación al haber suscrito la convocatoria del 1O. “Ningún tribunal suspenderá la democracia”, replica Puigdemont. El president está rodeado de un grupo que le anima a continuar, mientras que el PDeCAT no comparte su estrategia, pero no se atreve a alzar la voz a la espera de los acontecimientos. Entre los irredentos está Mas, quien ha decidido finalmente que, a estas alturas del desafío al Estado, solo es posible continuar hacia adelante, con la esperanza de que el Gobierno central ceda en algún momento y se siente a negociar un posible referéndum legal de independencia o bien algún pacto para permanecer en España que pueda votarse. Es también el análisis que hace David Madí. Y, por supuesto, son fervientes partidarios de culminar el reto el conseller de Presidencia, Jordi Turull, los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y los asesores del sanedrín presidencial Xavier Vendrell y Oriol Soler.

Tras la bochornosa culminación, el 11 de septiembre se celebra la Diada “decisiva” para el proceso independentista, donde la participación no decae, pero tampoco aumenta. El movimiento independentista sigue gozando de gran predicamento. Las mentiras de la independencia han calado bien en la sociedad catalana, y la confusión entre los deseos y la realidad es ya completa.

Días después, tras el clamoroso ridículo de los servicios de inteligencia españoles con el intento de incautación de las urnas, llega la jornada crítica del 20 de septiembre, donde por orden judicial la Guardia Civil entra en la Consejería de Economía y realiza 41 registros y 14 detenciones, entre ellos el secretario general de la vicepresidencia, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. Son los pilares sobre los que se apoya el vicepresidente del Gobierno catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras. El objetivo es desmantelar la logística del referéndum. La noticia del registro en la sede de Economía se difunde con rapidez y acuden los presidentes de los grupos parlamentarios, también Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En la puerta solo han quedado dos agentes antidisturbios de la Guardia Civil y en la acera, los dos todoterrenos con los que han llegado. Un cordón de los Mossos d’Esquadra los protegen. Al cabo de unas horas, unas 40.000 personas impiden el acceso o la salida del edificio. Los dos coches han sido aplastados por el gentío. Este es un día de inflexión. Es la primera vez que el proceso soberanista se desborda en la calle, de manera súbita, y que no se vehicula a través de manifestaciones cívicas previstas con antelación u organización. Esta movilización sería el eje de una desmesurada argumentación judicial para mantener en prisión provisional a “los Jordis”, a Junqueras y a Forn, además de para sostener la acusación inicial de presunta rebelión, por cuanto se habrían cometido acciones violentas en el destrozo de los vehículos policiales, pero también en el acoso a las autoridades al no permitírseles su libre circulación y el ejercicio de sus deberes…

Tras esta jornada, el foco se sitúa sobre los Mossos y su grado de colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil a la hora de evitar la celebración del referéndum. Los tres cuerpos policiales están comandados por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, alto cargo del Ministerio del Interior, hermano del que hasta hace seis meses era presidente del Constitucional. En su última intervención al frente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos no se mordió la lengua y dijo que problemas como el planteado en Cataluña, en reivindicación de una soberanía propia, distinta de la del conjunto del pueblo español, “no pueden ser resueltos por este tribunal”. Y añadió que el diálogo político pedido por el propio TC en algunas de sus sentencias es “una necesidad inexcusable y urgente”. El proceso independentista, como ya hiciera en su día la discusión sobre el Estatut, ha tensionado enormemente las costuras internas del Constitucional, sobre todo cuando el Gobierno decidió a finales de 2015 aprobar solo con los votos del PP la reforma del alto tribunal para darle la posibilidad de suspender a cargos públicos, una iniciativa que fue cuestionada por la Comisión de Venecia, organismo del Consejo de Europa. El TC, en aras de evitar un conflicto institucional frente al desafío independentista, optó por avalar ese cambio legislativo, aunque no lo compartiera. Fue uno de los momentos en que el Constitucional votó dividido durante el proceso soberanista. En el instante de su despedida, Francisco Pérez de los Cobos no puede evitar el reproche hacia el Gobierno de Rajoy por haber traspasado al alto tribunal una responsabilidad que no es la propia, volviendo a poner en riesgo su independencia y credibilidad.

En los días previos al 1O se masca la tragedia. La tensión entre las fuerzas de seguridad es perceptible. La fiscalía había dictado ocho resoluciones para evitar el referéndum, pero visto que los preparativos continúan, la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas, toma las riendas y ordena, a cuatro días del 1O, que los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional impidan la utilización de locales o edificios públicos para celebrar la consulta y que cierren los colegios electorales. La orden llega el mismo día en que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha hecho unas declaraciones en las que avisa de la dificultad de cerrar centros públicos como ambulatorios o geriátricos. La juez es muy precisa y, a modo de réplica, pide que se cierren las zonas de esos centros en las que se vaya a realizar la votación, “cuidando de que no se vea afectado el resto de las dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios”. Y todo eso, añade, se debe hacer de manera coordinada, con apoyo de las policías locales, y bajo el mando de Pérez de los Cobos. La juez, al contrario que el fiscal, no ordena ninguna actuación que afecte a la vía pública o a las posibles concentraciones ciudadanas en los alrededores de los colegios electorales. Lo cierto es que cerrar todos los colegios es una tarea titánica para la que habrían sido necesarios muchos más efectivos que el contingente de 6.000 agentes desplazados a Cataluña, pero el mando del dispositivo se propone cumplir la orden en los centros donde puedan acudir mayor número de votantes. Trapero instruye a sus mandos policiales para que desocupen los centros de votación sin recurrir a la fuerza y preservando “la paz social”. “No seremos  los héroes del día ni seremos traidores de nada”.

El 1O amanece denso. En el ambiente flota una mezcla de expectación y temor. De determinación en el independentismo social. De cierta angustia en quienes no desean avalar la jornada con su voto. Trapero avisa al president de que las fuerzas de seguridad del Estado están dispuestas a hacer lo que sea necesario para impedir el referéndum. La estrategia de los mandos de los Mossos, que tienen la orden de la juez de impedir la consulta, es hacer lo posible para cumplir esa instrucción siempre que no se provoquen males mayores, es decir, no actuar si ello supone un choque violento con los votantes. Miles de urnas han aparecido en los centros de votación. Unas han llegado en coches particulares, otras estaban en los falsos techos de los colegios, en el fondo de los frigoríficos donde se guarda el cátering para los alumnos, por todas partes… Rajoy va a tragarse por segunda vez el escarnio.

A media mañana, las imágenes de las cargas de la Policía contra los votantes y organizadores del referéndum empiezan a dar la vuelta al mundo, y ya circulan fotos de ciudadanos ensangrentados. Pero el referéndum continúa. Las órdenes del coronel al mando, Diego Pérez de los Cobos, han sido evitar la consulta, pero por la tarde esas instrucciones parecen suavizarse y el nivel de tensión se relaja un poco. Los Mossos han mantenido en todo momento una actitud que unos consideran de prudencia ante la imposibilidad de evitar choques con los ciudadanos y otros estiman de evidente pasividad a la hora de acatar las órdenes judiciales e incluso de colaboración con quienes organizan el referéndum.

Casi 2,3 millones de catalanes han votado, según el Gobierno catalán. De poco sirve alegar que el recuento no es homologable a cualquier otra elección legal y que no se han cumplido las garantías exigibles, ya que las enormes colas y la afluencia a los colegios evidencia que la jornada ha sido un éxito de participación. La actuación policial ha producido un efecto inverso al perseguido, ya que miles de catalanes que no tenían previsto acudir a los colegios lo hicieron finalmente como forma de protesta. Según los datos del Gobierno de Cataluña, han votado 2.286.217 personas, lo que supone una participación del 43 %. El sí se ha impuesto por un 90 %, lo que a efectos censales implica un apoyo popular a la independencia del 38,7% de los votantes. El balance de heridos asciende a 844 según la Generalitat. El Ministerio del Interior pone en duda esa cifra y asegura que los cuerpos policiales también han sufrido agresiones (otra patraña del Gobierno central).

El independentismo no solo ha logrado la imagen de la policía requisando urnas, sino también la de agentes antidisturbios cargando contra personas de todas las edades que pretendían votar. El independentismo ha ganado por goleada la batalla de la imagen entre la opinión pública europea. En el Palau de la Generalitat creen que la posibilidad de una intervención o mediación internacional europea que obligue al presidente del Gobierno a moverse está más cerca que nunca. Se vive la euforia del momento. Pero va a durar poco.

Mas es una de las personas que, en los días siguientes, defenderá la convocatoria de elecciones para aprovechar el tirón del 1O y para evitar la aplicación de la hoja de ruta de los partidos independentistas, que dicta que el resultado favorable a la independencia en ese referéndum apunta ya a una declaración unilateral, a menos que se reconozca que la consulta ha sido una gran movilización, pero no una votación legal y con garantías de la que se puedan extraer conclusiones políticas. A partir de este momento, las opiniones entre Mas y Puigdemont sobre los pasos a dar van a ir en direcciones muy diferentes. El expresident no es partidario de tensar más la cuerda ni, aún menos, de una declaración unilateral de independencia, e intentará persuadir a su sucesor para evitar caminos que puedan resultar irreversibles. En esta discrepancia se aprecia el distinto talante y trayectoria política de ambos líderes.

Tan es así, que el día 2 de octubre por la tarde comparece el President rodeado de su Gobierno para anunciar que va a llevar el resultado del 1O al Parlament para que se dé cumplimiento a la ley del Referéndum, es decir, para proclamar la independencia dado el resultado favorable a esa opción en la consulta. Lejos de retroceder, Puigdemont decide seguir adelante hacia la DUI, aun teniendo un apoyo popular inferior al 40%.

 

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Sobre la Independencia de Cataluña – Una década confusa (2008 – 2018) – Crónica (Parte 1/4)

El nacionalismo burgués siempre ha sido una herramienta política utilizada por la clase capitalista para desviar los problemas sistémicos que ellos mismos generan en la sociedad. La desigualdad, la pobreza, la falta de recursos públicos, el paro, la deuda, las crisis económicas, el calentamiento global, la extinción masiva de especies… son problemas sistémicos de una sociedad clasista que hace de sus antagonismos internos de clase, un criterio de progreso. El nacionalismo promueve la desvinculación del origen clasista de estos problemas, para culpabilizar a otros de su existencia. Normalmente se establece un foco de atención de gran importancia sobre el país vecino o sobre las culturas inmigrantes. La sociedad española y su región catalana, no han sido una excepción.

Históricamente, la clase capitalista catalana ha estado representada por el partido político CIU (confluencia de CDC y UDC), que ha trabajado por la defensa de los intereses económicos de esta élite. Un partido que, como apéndice del poder, ha obtenido un apoyo económico constante (financiación ilegal a través de fundaciones supuestamente sin ánimo de lucro, puertas giratorias, paraísos fiscales, medios de comunicación a su defensa, etc). Pero también han obtenido cierto reconocimiento popular debido a la defensa de la cultura catalana, recientemente menospreciada y oprimida por el franquismo español. El uso estratégico de la idiosincrasia catalanista por parte de CIU, no obedece a otro fin que el de lograr una sintonía entre el capitalista catalán y el trabajador catalán. Esto se logra por medio de la creación de una conciencia de grupo, que lógicamente necesita un enemigo al que echar la culpa de todo. Cabe recordar, sin embargo, que los principales periódicos burgueses catalanes y las principales empresas capitalistas catalanas, estuvieron de parte del dictador Francisco Franco cuando su victoria fue ya incuestionable. Y también, en democracia, CIU ha sido el puntal de apoyo del bipartidismo español, votando a favor de las políticas del PP de Aznar y del PSOE de Felipe y Zapatero. Estos y otros hechos han sido siempre escurridos por los medios afines a las élites catalanas y a CIU.

No obstante, la gran cuestión del nacionalismo catalán no se puede quedar en un análisis tan simplista. Existe un gran sentimiento nacionalista entre las clases populares pequeño-burguesas, extendidas sobre todo entre el ambiente más rural, aunque también con presencia en las ciudades, y que son afines a movimientos de izquierda nacionalista. Los votantes más moderados apoyan a ERC, pero también existen movimientos que abogan directamente por la independencia, como las CUP y otras organizaciones de herencia trotskysta y anarquista, que también reciben cierto apoyo popular. Casi todas las organizaciones que se proclaman catalanistas, han heredado el ideario histórico y cultural de la Renaixença, donde ya se ensalzaba la visión romántica de una “nación” catalana en la época medieval. El prisma desde el que revisan la historia se caracteriza por afirmar que Cataluña es una nación (una afirmación muy poco prudente), mostrando a España (también como nación) como un enemigo invasor a combatir. Una argumentación en la que creen muchos independentistas aunque paradójicamente sea muy fácil de desmontar desde el rigor histórico (la guerra dinástica por la sucesión en 1714, etc). La manipulación del nacionalismo burgués ha hecho mucho daño a la sociedad, y teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que los hechos ocurridos en Cataluña se hayan desencadenado del modo en que lo han hecho.

Existen organizaciones que descienden directamente del PSUC (hoy PSUC-VIU), otras que simpatizan con el ideario de las extintas Terra Lliure y EPOCA, otras se han formado como sindicatos catalanistas herederos de los extintos SOC y CSTC (hoy Intersindical CSC), otras practican abiertamente la pseudohistoria tergiversando los hechos (hoy INH), otras actúan como apéndices de organizaciones políticas con representación parlamentaria (DC, Reagrupament, ME, Òmnium Cultural, ANC, AMI, etc) y recientemente tenemos la inquietante aparición de los llamados CDR (Comités de Defensa de la República), a raíz de los últimos hechos acontecidos en Cataluña. Cabe mencionar en este punto, que la clase capitalista catalana nunca se ha posicionado a favor del independentismo.

En cualquier caso, la cuestión catalana (el imaginario histórico catalán, la conciencia de grupo, la cultura y la lengua catalana, los llamados “Paisos Catalans”, etc) merecería un abordaje propio. Es necesario tener claros los significados de las distintas concepciones de nación, Estado, país y patria, que tan indiscriminadamente se usan, y ver qué relación guardan en lo concreto y en lo histórico con el nacionalismo catalán y la cuestión catalana. En este artículo no abordaremos tan ardua tarea.

 

CRÓNICA DE SUCESOS – 2008/2015

 

Han sido 10 años de efervescencia nacionalista e independentista en Cataluña, donde muchos sueños se han visto truncados, donde muchas estrategias han fracasado, y donde probablemente se recuerde el momento por el gran número de promesas políticas incumplidas. Empecemos:

En noviembre de 2008 estalla una crisis económica-financiera a nivel mundial. Esta crisis tiene su origen en las altas esferas de la gran banca privada internacional, pero rápidamente extiende sus daños a los activos financieros de los bancos nacionales, los gobiernos nacionales, y las cajas de ahorro. La deuda generada por los créditos impagados fue camuflada por los propios bancos como bienes de inversión segura que se vendían entre ellos y que servían de acicate para generar un mercado especulativo en auge que parecía no tener techo. Pero todo lo que sube, baja; y la posterior explosión de la burbuja especulativa generó un agujero de dimensiones bíblicas en el seno de la economía financiera mundial. Los bancos dejaron de prestar dinero y se vieron al borde del colapso, muchos bancos entraron en bancarrota y comenzaron las primeras inyecciones de capital público, un dinero que los bancos jamás devolverán. Acto seguido se generó un gran paro en la economía productiva, el crédito ya no circulaba y los despidos masivos entraron en la crónica del día a día.

Aquí comienza un período de descontento popular y de aumento de las dificultades económicas para gran parte de la población (en España superamos los 5 millones de parados, aunque Cataluña no fue la región más perjudicada). Esta nueva situación pone en jaque el ideario político capitalista, pero pronto salen a la palestra las voces que anuncian su triunfo: la culpa de la crisis es de la sociedad, dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que hay demasiado gasto público y toca abrocharse el cinturón. Pronto comenzará la absorción de las cajas de ahorro por parte de los bancos y otras fusiones bancarias. La crisis es utilizada por el sistema como una oportunidad para dar un giro radical hacia el neoliberalismo económico, acuciando los mecanismos de la explotación laboral y la desigualdad social. Tan es así, que en octubre de 2010, durante el mandato del PSOE (Gobierno de Zapatero), Las Cortes españolas aprueban una atroz reforma laboral (CIU, PP y otros partidos de derecha se abstienen permitiendo su aprobación), que en lo fundamental debilita los convenios colectivos, aumenta la edad de jubilación, precariza el empleo y facilita el despido. En este momento el capitalismo ya se está preparando para afianzar aún más su poder, para expandirse a nuevos mercados antes vetados por la protección del Estado o lo que es lo mismo, para la paulatina destrucción del llamado Estado del Bienestar. Las aseguradoras privadas se frotan las manos, los fondos buitre salen a olfatear el ambiente, los paraísos fiscales abren sus puertas, y una bocanada de aire fresco ventila los yates de los magnates.

Pero una parte de la sociedad se resiste a ser dominada y sometida ante tamaña estafa que pretende perdonar y recompensar a los banqueros culpables de la crisis, ante tamaña artimaña que pretende socavar la histórica conquista de los derechos sociales y las libertades civiles. La primavera de la lucha social llega el 15 de mayo de 2011 (Movimiento 15M). Nace así un tejido libre de personas diversas que creen portar el germen del cambio, y pronto llenan las plazas, se organizan por barrios, y utilizan las redes sociales para expandir su movimiento de protesta. En poco más de un mes las protestas ya se han extendido a nivel mundial, rompiendo el silencio en el corazón de Wall Street y levantando el polvo en el desierto árabe.

Pero nada dura para siempre. La represión es la moneda de cambio para los que piden justicia social. Mossos y policías, con maquinaria renovada y permiso para torturar, no dudan en enfrentar las protestas pacíficas a golpe de porra. La infiltración de espías subversivos en las manifestaciones pacíficas se convierte en modus operandi, son los compañeros cómplices de la violencia gratuita cuyo objetivo radica en justificar las cargas policiales y reventar el pacifismo. Un espectáculo dantesco que los medios de comunicación no dudan en aprovechar para vilipendiar el movimiento. En Wall Street una nueva ética aflora en los cristales de los rascacielos, frente al “we are the 99%” del movimiento Occupy, aparecen textos escritos que solo las cámaras pueden captar: “we are the 1%”. Los especuladores, sacan pecho.

Como no podía ser de otro modo, el neoliberalismo sigue su plan de ruta a toda máquina, y en agosto de 2011, por orden de Ángela Merkel (presidenta de Alemania), el mismo gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, aprueba la reforma constitucional del artículo 135 por el que el pago de la deuda pública queda blindado de forma prioritaria frente a cualquier otro gasto del Estado. Un golpe maestro que soslaya la atención de las necesidades básicas en pro a la acumulación capitalista y el beneficio bancario (un beneficio que escasamente revertirá en la sociedad). Años más tarde, en 2013, saldría publicado un informe de la FAO en el que se pone de manifiesto que solo con el 2% del dinero gastado en salvar la banca (causante de la crisis) se podría haber acabado con el hambre en el mundo.

Pero insatisfechos con la jodienda, en 2012, ya con el gobierno del Partido Popular, se anuncia una amnistía fiscal por bienes no declarados (incluyendo activos escondidos en paraísos fiscales y dinero en efectivo), que hace aflorar nada menos que 40.000 millones de euros no declarados por las élites de este país, de los que se obtienen finalmente 1.700 millones para la Hacienda Pública. A esta amnistía fiscal se acogen reconocidos altruistas, de la talla de Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, varios hijos de Jordi Pujol, y un largo etc. Solo se echó en falta la presencia de Alí Babá.

Mientras todo esto tiene lugar, en Cataluña también se han vivido una serie de hechos muy importantes (al menos para una parte de la población), que por su particularidad marcarán un antes y un después en la hoja de ruta de las organizaciones políticas catalanas. En junio de 2010, unos meses antes de la reforma laboral de Zapatero, el Tribunal Constitucional dicta sentencia favorable sobre el recurso del PP presentado para tumbar el Estatut d’Autonomia de Cataluña, aprobado previamente por el Parlamento de Cataluña en 2005 y por las Cortes españolas en 2006. Un golpe duro contra una votación democrática (y en el marco de la legalidad) que la sociedad catalana había realizado (si bien cabe recordar que el Estatut se votó en referéndum con una participación del 48,85%, de los cuales el 73,90% de los votos fueron a favor, el 20,76% en contra y el 5,34% en blanco. Estrictamente hablando, sólo un 36,10% de los catalanes con derecho a votar, votó a favor del Estatut).

En el transcurso de estos años, en Cataluña veremos al partido de CIU abanderando el nacionalismo catalán con la mano derecha y aplicando recortes y privatizaciones en los servicios públicos con la izquierda (y nunca mejor dicho). La estrategia es desviar la atención de las políticas neoliberales de recortes y despilfarros, para canalizar el malestar y el descontento popular hacia el Gobierno de España o el Estado español, tanto da. Conviene refrescar algunos ejemplos de la mala gestión de la Generalitat:

  1. Caso Palau-Millet (2009), también conocido como el saqueo del Palau de la Música Catalana, donde la fundación Orfeó Català presidida por Millet y vinculada a la Generalitat, desvió 6,6 millones de fondos públicos para que fueran entregados a Ferrovial, que a su vez los cedió a CDC en forma de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas (a Ferrovial).
  2. La política de CIU de recortes públicos en sanidad, fue de las pioneras en España, y provocó que ya en el año 2011 hubiera más camas privadas que públicas en la sanidad catalana. Esta tendencia ha ido creciendo y a día de hoy la sanidad privada ya controla casi el 60% de toda la sanidad catalana.
  3. El “copago” de los medicamentos se estableció en julio de 2012 por el Gobierno de España, y en Cataluña se aplicó además, el “euro por receta”. No hubo transparencia en relación a los motivos por los que se aprobaron tales medidas, y algunas organizaciones como la OCU pusieron de manifiesto la injusticia económica que suponía para las rentas más bajas.
  4. La trama de desvíos de fondos públicos promovida desde la Generalitat que operaba en los hospitales de Blanes i Calella. Los primeros en dar la voz de alerta y con gran acierto fueron los fundadores de la revista “cafè amb llet”, en el año 2011.
  5. Las fabulosas autopistas de peaje y sus concesiones fraudulentas que ya deberían haberse liquidado hace años, pero que los catalanes seguimos pagando religiosamente (además de los 300 millones que cuesta al erario público catalán, cualquier conductor debe pagar cada vez que pasa por ellos). Los únicos que en algún momento decidieron hacer frente a esta estafa, fue un movimiento espontáneo nacido del 15M que llamó a la sociedad catalana a dejar de pagar los peajes (#Novullpagar, que se saldó con más de 100.000 denuncias que, finalmente, tocó pagar). El motivo por el que no se haya logrado hacer nada contra esta injusticia es simple: el dinero de los peajes va a parar a la empresa Abertis (propiedad de La Caixa, ahora Caixabank), liderada por Salvador Alemany, asesor de Artur Mas (CIU) y principal publicitario del diario convergent y de corte nacionalista: Avui-EL PUNT.

Ante este tipo de sucesos, existía la necesidad de desviar la atención de las prácticas mafiosas, corruptas y neoliberales que el Gobierno de la Generalitat (de la mano de CIU) había puesto en marcha. Y con el tiempo, lo que en un principio solo se vislumbraba como escusa (la campaña nacionalista promovida por CIU), se convirtió en la vía de escape para taparlo todo, y funcionó. De hecho, de no ser por la estrategia nacionalista, no tendríamos, a día de hoy, a un presidente Convergent en la Generalitat de Cataluña.

Con la influencia sobre la televisión pública catalana y de muchos otros medios de prensa escrita y digital, CIU fue promoviendo su propia campaña nacionalista para salvarse el culo: empezamos a oír aquello de “Espanya ens roba” y las recurrentes críticas sobre cuán perezosos son los trabajadores andaluces que cobran el PER (unas ayudas de 425€ que solo percibe el 5% de la población activa andaluza), todo ello de la boca del presidente de UDC, Duran i Lleida (año 2011). Todos estos mensajes, se fueron repitiendo constantemente en innumerables tertulias, y en consecuencia fueron calando en gran parte de la sociedad catalana (más tarde se llegarían incluso a falsificar por parte de la Generalitat los datos de la fiscalidad catalana). Gracias a la tendencia nacionalista, CIU obtuvo armas para justificarse ante los sectores progresistas críticos, y además también aprovechó la coyuntura de la presión ciudadana para abordar y liderar las negociaciones de un pacto fiscal con el Gobierno de España, tras el fallido Estatut de Catalunya. No obstante, aunque la presión de la calle servía de baza para la negociación, ésta no condujo a nada.

Por su parte, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se caracterizó por la defensa a ultranza del centralismo territorial y por la indiscreta persecución de la lengua y la cultura catalana (lo que coloquialmente se denominó como “catalanofobia”). Tal era su prepotencia, que Rajoy optó por desoír todas y cada una de las peticiones de Artur Mas para negociar un acuerdo, pese al auge del independentismo en Cataluña (también hay que tener en cuenta el auge contrapuesto del españolismo que floreció entre los sectores del PP y afines). La inacción se convirtió en el modus operandi de un Gobierno central salpicado por la corrupción y por la persecución política de sus rivales mediante el uso partidista de los aparatos del Estado (también, más adelante, se denominará a esta trama de subterfugios como las “Cloacas del Estado”). También al Gobierno del PP le interesaba avivar su propio discurso nacionalista españolista contra los “separatistas” (y así fueron recompensados electoralmente).

Tan es la imposibilidad de un acuerdo, que en el XVI congreso de CDC celebrado en marzo de 2012, los dirigentes del partido declaran abiertamente que el objetivo a medio plazo será la consecución de un Estado propio, es decir, de la independencia de Cataluña (rompiendo la primera línea roja por primera vez en la historia). Ese mismo año, en septiembre, tras una Diada de órdago, el Parlament emitió y votó favorablemente una resolución por la que “El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al gobierno a hacer una consulta prioritariamente en la próxima legislatura”. Seguidamente, Artur Mas convoca elecciones anticipadas incluyendo en su programa la realización de una consulta de autodeterminación en Cataluña. Pero el batacazo que se pega CDC en noviembre de 2012 no es menos importante que lo que vendrá a continuación. A partir de este año, CIU no cuenta con mayoría en el Parlament y gobernará en Cataluña gracias al apoyo de ERC. Un apoyo condicionado a seguir la hoja de ruta de la independencia de Cataluña, y que pasa por alto la implantación de las políticas neoliberales.

En 2013 (el año negro de la crisis económica), el Gobierno de Cataluña establece fecha para la consulta, y el Gobierno del PP presenta dos recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, el cual emite la suspensión cautelar de la misma (posteriormente habrá consecuencias jurídicas para sus promotores). Es en este momento donde ya se hace fehaciente la nula voluntad del Gobierno del PP por entender lo que está ocurriendo en Cataluña, y que más allá del pacto fiscal, existe un reclamo popular que demanda ser escuchado y tomado en consideración. El derecho de autodeterminación es un derecho fundamental y universal de todos los pueblos, vigente en el derecho internacional de la Carta de las Naciones Unidas. El Gobierno español tuvo aquí su oportunidad de mostrar su respeto por los derechos y la democracia, pero la desaprovechó demostrando una vez más su escasa sensibilidad democrática. El autoritarismo y la falta de entendimiento seguirán marcando la praxis de este Gobierno.

Aun así, y pese a las carencias democráticas del Gobierno de España (que solo potencia el enfrentamiento nacionalista), el Gobierno de la Generalitat sigue hacia adelante y realiza la consulta. Es el primer intento de medir la fuerza independentista en Cataluña, y ocurrió el 9 de noviembre de 2014 (9N), bajo el mandato de Artur Mas. La consulta se saldó con una participación de poco más del 40% del censo electoral, y se formularon las siguientes preguntas: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?; En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”

El resultado del Sí-Sí, sobre los que votaron, fue de un 80%, pero sobre el censo total, apenas llegó al 30% (por debajo del porcentaje del Sí al Estatut de Cataluña).

A partir de este punto, la espiral nacionalista fue creciendo de forma notable (muchos llegamos a la conclusión de que, además de los propios promotores del nacionalismo catalán, el Gobierno de España actuó como una “fábrica de independentistas”). Tan es así, que las reivindicaciones independentistas comenzaron a superar las expectativas y las capacidades de CIU. Desde los primeros tanteos sobre el derecho de autodeterminación, pasando por un referéndum pactado, y llegando a la posibilidad de declarar unilateralmente la independencia, la vorágine nacionalista sacudió la estructura de la formación conservadora hasta provocar su primera escisión. En junio de 2015 (el año que todos recordaran por la elocuente frase de Rajoy sobre que “los catalanes, hacen cosas”), el sector más conservador de CIU, la parte de UDC (con Duran i Lleida a la cabeza), decidió escindirse y presentarse por separado a las elecciones generales de ese mismo año.

A partir de entonces CDC navegará por las agitadas aguas del “procés”.

En primer lugar, se presentará a las elecciones catalanas de septiembre de 2015 a través de la coalición (de corte independentista) de “Junts pel Sí”(JxSí), formada por CDC, ERC, Demócratas de Cataluña (DC, formación democristiana e independentista nacida como escisión de UDC) y Moviment d’Esquerres (ME). JxSí también recibe el apoyo de otras organizaciones de corte independentista como Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Reagrupament, etc. Estas elecciones se presentan como plebiscitarias para obtener un claro sí a la independencia. Aun así, JxSí no logra obtener la mayoría absoluta deseada en el Parlament de Cataluña, aunque sumando los escaños de la CUP, la independencia obtiene una mayoría parlamentaria en Cataluña, pero no en número de votos, situándose en un nada desdeñable 47,8%. Artur Mas, por su parte, calificó el resultado de las elecciones catalanas de victoria y señaló que habían obtenido el mandato popular para llevar adelante el proceso independentista. No obstante, las negociaciones para su investidura fracasarán, dado que se requería el apoyo de la CUP para poder investirlo, y este partido ya había manifestado que no lo investiría.

En segundo lugar, CDC se presentará a las elecciones generales de diciembre de 2015 a través de la coalición (creada al uso) de Democràcia i Llibertat (DiL), formada por CDC, DC y Reagrupament. Esta última es una formación apéndice de ERC, y en próximas elecciones también irá de la mano de ERC. A Reagrupament, que es de corte independentista, no parece importarle la divisoria izquierda-derecha, solo es importante la divisoria Cataluña-España. Esta lógica se repite en muchas otras formaciones izquierdistas anteriormente citadas, que han olvidado la lucha de clases y se han pasado a la lucha nacionalista. Algunas organizaciones de este tipo que abogaban por “la independència i el socialisme”, solo acabarán persiguiendo lo primero y evitando lo segundo.

Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, los partidos que conformaban el histórico binomio bipartidista del Congreso (PP y PSOE), pierden apoyos en favor de 2 nuevas formaciones que llegan a las Cortes por primera vez: Podemos (materialización del movimiento 15M) y Ciudadanos (muy similar al PP y al PSOE, pero de momento, limpios de registros en la hemeroteca de la corrupción política). Ante la nueva división de escaños en el Congreso, las Cortes se ven incapaces de investir un presidente por falta de consenso. PSOE y Ciudadanos acuerdan formar una coalición de corte conservador y neoliberal, buscando la suma necesaria de Podemos, que rehúsa dar su apoyo a la misma al no haber ningún punto programático en común. En consecuencia, se vuelven a convocar elecciones generales para junio de 2016.

 

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Una Sociedad Irremediablemente Contaminada

Vivimos rodeados de contaminantes que pueden enfermarnos. De hecho, ya estamos impregnados de ellos. Son invisibles a nuestros ojos pero los respiramos, los tocamos, los comemos y los bebemos. En el interior del cuerpo humano es habitual encontrar disruptores endocrinos, compuestos organoclorados (PCBs), plaguicidas organofosforados, carbamatos, piretroides, DDT, DDE, hexaclorobenceno (HCB), dioxinas, policlorobifenilos, y un larga ristra de sustancias tóxicas. Muchos de estos contaminantes se engloban en lo que se denominan los compuestos tóxicos persistentes (CTPs), y están alterando nuestros sistemas endocrino, nervioso, inmunológico, cardiovascular y metabólico, contribuyendo a causar infertilidad, diabetes, obesidad e hipertensión, además de algunos cánceres y otros trastornos.

No se han tomado suficientes medidas para combatir los CTPs. Nuestra exposición a los CTPs es constante y empieza ya en el vientre materno. Las principales vías de entrada en el organismo humano son los alimentos y sus envases, el aire, el agua, los productos de limpieza, los cosméticos, la ropa, los muebles, los juguetes y los ordenadores.

La exposición prolongada a dosis bajas es más perjudicial que la exposición breve a dosis altas. También existen épocas de la vida que son de mayor susceptibilidad a los efectos de estos contaminantes, como las etapas perinatales (antes y después del nacimiento), la pubertad y quizá las etapas perimenopáusicas (alrededor de la menopausia), en ellas también debe preocuparnos la contaminación a concentraciones bajas. Un claro ejemplo de estos contaminantes son los disruptores endocrinos, sustancias químicas exógenas al cuerpo humano que imitan, potencian, inhiben o perturban el funcionamiento normal de las hormonas. Estas sustancias rompen el paradigma de que nada es peligroso en dosis bajas, ya que los disruptores endocrinos pueden tener efectos aun en cantidades ínfimas. Además, los alteradores hormonales se potencian entre sí y no hay un umbral de exposición seguro, aunque cabe pensar que cuanto menor sea la exposición, menor es su daño.

Los principales contaminantes y donde se hallan

  • La atracina y el DDT/DDE se hallan en los alimentos tratados con ciertos herbicidas, plaguicidas y pesticidas. También en alfombras. [Cancerígenos, Disruptores Endocrinos]
  • El bisfenol A (BPA) se halla en plásticos, tickets de comercios, pinturas, latas de alimentos (revestimientos de resinas epoxi), biberones y chupetes (hasta su prohibición para este uso en 2010). [Cancerígeno, produce Diabetes tipo 2, trastornos respiratorios].
  • Los ftalatos se hallan en envoltorios, cosméticos, juguetes, textiles y champús. [Disruptores Endocrinos].
  • Los bifenilos policlorados (PCB) y los éteres difenílicos polibromados (PBDE) se hallan en retardantes de la llama presentes en tejidos, alfombras, mobiliario y dispositivos electrónicos. [Cancerígenos, Neurotóxicos, Disruptores Endocrinos].
  • El aluminio se halla en el agua del grifo, los aditivos alimentarios y los alimentos procesados. [Neurotóxico].
  • El arsénico se halla en el agua del grifo, el pescado, la carne, el tabaco y el arroz. [Cancerígeno, Disruptor Endocrino].
  • El cadmio se halla en el arroz, las ostras, los mejillones, los crustáceos, el agua, el aire y el tabaco. [Cancerígeno, Disruptor Endocrino].
  • Las dioxinas y los furanos se hallan en piensos y animales (se acumulan especialmente en el tejido adiposo de los animales). [Cancerígeno, Disruptores Endocrinos].
  • El plomo se halla en la gasolina hasta su prohibición (y por tanto, en el aire de muchas ciudades), en la comida, dispositivos electrónicos, materiales de construcción, actividades mineras, sistemas de cañerías de conducción de agua potable y plásticos para hacer juguetes. [Neurotóxico, Disruptor Endocrino].
  • El mercurio se halla en el pescado (pez espada, emperador, tiburón, delfín, atún rojo y otros peces de gran tamaño), las amalgamas dentales, las actividades mineras, el tabaco, las calefacciones, las plantas incineradoras y las estaciones de carbón. [Neurotóxico, Posible Disruptor Endocrino].
  • Aldrin, dieldrin, lindano (gamma-HCH) y otros plaguicidas organoclorados se hallan en los alimentos producidos por la agricultura intensiva. [Posibles Disruptores Endocrinos, el lindano es Cancerígeno].
  • El glifosato se halla en los alimentos tratados con glifosato, el herbicida más utilizado del mundo. [Cancerígeno, Disruptor Endocrino].
  • Los parabenos se hallan en cremas, geles, champús, desodorantes y otros productos cosméticos. [Disruptores Endocrinos]

Esta lista sólo es un ejemplo de las sustancias más relevantes por la frecuencia con la que se encuentran en personas y por la importancia de sus efectos clínicos nocivos. Pero existen muchas otras sustancias químicas potencialmente tóxicas de las que aún no sabemos nada. Se calcula que cada día se añaden unas 12.000 sustancias nuevas al Registro CAS de la American Chemical Society. Y aunque probablemente sólo una pequeña fracción de esas sustancias químicas se introduzca en nuestras vidas, no existen bases de datos completas sobre la exposición humana real a ese universo químico.

En nuestra sociedad hay más de 140.000 sustancias químicas artificiales, de las cuales sólo 1.600 (el 1,1%) se han evaluado para saber si son cancerígenas, tóxicas para la reproducción o disruptores endocrinos, es decir, que hay 138.400 sustancias que no han sido aún evaluadas.

La conclusión que cabe resaltar sobre estos hechos es que el mundo de los negocios y el mercantilismo tienen una prioridad muy superior sobre el análisis de los contaminantes y el respeto por la salud humana y el medio ambiente. Nuevamente, el dinero es más importante que las personas. No obstante, cabe mencionar que en las últimas décadas se han logrado reducir de forma notable los principales contaminantes, sobre todo a partir del Convenio de Estocolmo firmado en 2001 y que entró en vigor en 2004. Para muestra, se puede consultar el último informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). A pesar de ello, cabe plantearse las siguientes preguntas: ¿en que medida la muestra del estudio es realmente representativa de lo que llega a nuestras bocas?, y ¿en qué medida los límites legales nos protegen de los efectos nocivos de los contaminantes ambientales como los pesticidas?. Tal y como veremos a continuación, la presencia de estos contaminantes en la sociedad sigue siendo muy nociva para el ser humano.

Las enfermedades asociadas

Una parte muy preocupante de las muertes, los trastornos y las incapacidades que sufimos se debe a las mezclas de contaminantes químicos artificiales que tenemos en el cuerpo durante años. Y los tenemos por dos motivos: primero, porque estamos expuestos a ellos cotidianamente, y segundo, porque nuestro cuerpo no los excreta o elimina, y se nos acumulan.

Es erróneo afirmar que la mayoría de la población tiene concentraciones bajas de contaminantes: la mayoría de la población tiene concentraciones altas de algunos contaminantes y bajas de la mayoría de ellos. Las concentraciones parecen bajas en la mayoría de la población sólo cuando se mira cada contaminante por separado, pero no cuando se mira a cada individuo.

La inmensa mayoría de las enfermedades que nos afligen son el resultado del ambiente que nos rodea y contamina o impregna. Las sustancias tóxicas que hay en este ambiente contaminado causan alteraciones genéticas en nuestro cuerpo. Las enfermedades humanas más frecuentes resultan en parte de alteraciones genéticas que no heredamos, sino que adquirimos y acumulamos a lo largo de la vida. Las enfermedades humanas más frecuentes también resultan de la interacción contínua entre el ambiente contaminado y muchos genes de baja penetrancia.

Contrariamente a los genes de altra penetrancia, los genes de baja penetrancia no funcionan por sí solos, y su expresión o acción viene profundamente influida por la historia ambiental y el medio ambiente al que está expuesto una persona. Es decir, la influencia ambiental implica a las sustancias presentes en el aire, el agua y los alimentos que han respirado, bebido y consumido tanto el ser humano en cuestión como también sus padres y abuelos. La historia ambiental de una familia influye de forma directa en el funcionamiento de los múltiples genes que influyen en la enfermedad.

Actualmente en España alrededor del 64% de los recién nacidos tienen niveles de mercurio en sangre superiores a los recomendados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. Según un documento de 2009 firmado por 38 expertos investigadores después de analizar más de 700 estudios, el 95% de la población de los países desarrollados está expuesta a niveles de bisfenol A (BPA) suficientes para producir efectos clínicos nocivos, extrapolando los efectos en los animales. Estudios rigurosos han calculado que en Barcelona, reducir la exposición a algunos contaminantes a los valores recomendados por la OMS ahorraría cada año 3.500 muertes, 1.800 ingresos hospitalarios por causas cardiorespiratorias, 5.100 casos de bronquitis crónicas en adultos, 31.100 casos de bronquitis agudas en niños y 54.000 crisis asmáticas.

Cómo evitar los contaminantes

No hay forma humana de evitar el 100% de los contaminantes que nos rodean. Pero podemos reducir la exposición de algunos de ellos:

  • Para evitar la exposición al DDT y DDE, hay que deshacerse de todas las alfombras que se hayan adquirido.
  • Para evitar la exposición al bisfenol A, hay que suprimir el consumo de productos enlatados (latas de tomate, aceitunas, pimientos o pescados), evitar el contacto con los recibos o tickets de las tiendas, evitar las botellas de aluminio, evitar calentar plásticos en el microondas (especialmente los tupers), evitar los plásticos marcados con PC (policarbonato) o la etiqueta #7.
  • Para evitar la exposición a los ftalatos, hay que dejar de comprar alimentos envasados en plásticos, o envueltos en films transparentes.
  • Para evitar la exposición a los éteres difenílicos polibromados (PBDE), se pueden utilizar aspiradoras con filtro HEPA (high efficiency particulate air) para reducir la cantidad de polvo doméstico que está cargado de tóxicos.
  • Para evitar la ingesta de aluminio y arsénico, hay que suprimir la ingesta del agua del grifo y los alimentos procesados.
  • Para evitar la ingesta de cadmio, hay que reducir la ingesta de moluscos y crustáceos.
  • Para evitar la ingesta de dioxinas y furanos, hay que reducir la ingesta de productos de origen animal como carnes, pescados, lácteos y huevos.
  • Para evitar la ingesta de mercurio, hay que suprimir el consumo de pescados de gran tamaño, como el atún.
  • Para evitar la exposición a los parabenos, hay que utilitzar cosméticos y jabones/geles/champús que indiquen que no contienen parabenos.

Las dietas detox, que prometen eliminar las sustancias tóxicas acumuladas en nuestros cuerpos no tienen ninguna evidencia científica, y algunos alimentos indicados como ecológicos, como los pollos de corral de Ávila, utilizan piensos procedentes de China de dudoso cumplimiento en materia de sustancias contaminantes.

Es conveniente, de forma general, reducir el consumo de carnes, pescados y huevos, limitando su ingesta a 1 o 2 veces por semana. El pescado está contaminado por mercurio, microplásticos y el parásito del anisaquis. Cuanto mayor es el pescado, mayor es la concentración de estos tóxicos, y se recomienda, por un lado la ingesta de pescados más pequeños, y por otro, la congelación suficiente, o en su defecto no ingerirlos crudos. La carne, a su vez, si los animales son alimentados a través de piensos de pescado, también concentran los mismos tóxicos, además de otros problemas que puedan presentar, como la presencia de hormonas inyectadas y antibióticos (el problema es sacrificar a los animales sin que haya pasado el suficiente tiempo como para eliminar el antibiótico de su cuerpo).

Para el caso de las partículas contaminantes en suspensión, sobre todo en las ciudades, es recomendable el uso de mascarillas y evitar las calles con más tráfico.

También pueden servir de ayuda los siguientes enlaces:

En cualquier caso, no hay salvación posible. Estamos condenados ya a sufrir todo tipo de dolencias y enfermedades asociadas a los contaminantes que llevamos dentro. Cada generación que se engendra estará irremediablemente más contaminada que la anterior, porque los humanos somos concentradores de tóxicos, que se transmiten de generación en generación a través del vientre materno. Las malformaciones congénitas y los trastornos congénitos se producirán en la inmensa mayoría de neonatos en un futuro no muy lejano…